La noticia saltaba el pasado sábado: José María Álvarez-Pallete dejaba la presidencia de Telefónica, siendo sustituido por Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra. El domingo Ángel Escribano era nombrado presidente de Indra.

Los movimientos de piezas venían propiciados por el Gobierno, que hacía valer su influencia teniendo en cuenta que el Estado es el principal accionista tanto de Telefónica como de Indra.

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En concreto, el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla actualmente un 10% de Telefónica, participación solo ligeramente superior a la que ostenta Criteria Caixa, el brazo inversor de La Caixa. La participación del Estado, que se motivó en un primer momento como respuesta la inversión de la saudí STC en la teleco, está valorada en unos 2.200 millones de euros a los precios del mercado actuales. La inversión total ascendió a 2.285 millones de euros tras las últimas caídas.

De vista al futuro, los analistas dan un potencial moderado a la teleco. Según los datos recopilados por Reuters, la recomendación mayoritaria que dan las casas de análisis a Telefónica es de ‘mantener’, con un precio objetivo medio de 4,21 euros que está un 8,45% por encima de los niveles actuales.

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La SEPI es también el primer accionista de Indra, con una participación del 25,159% del capital valorada en unos 825 millones de euros. Indra es considerada una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa… y también puede suponer una buena oportunidad de inversión: los analistas le dan de media una recomendación de ‘comprar’ y un precio objetivo de 23,37 euros que supone un potencial alcista de un 25,7% frente a los niveles actuales.

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También es considerada estratégica Redeia (REE), compañía centrada en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en España. La SEPI es el primer accionista de la compañía que preside la exministra Beatriz Corredor, con una participación del 20%. La inversión del Estado, a los precios del mercado actuales, está valorada en unos 1.730 millones de euros.

Los analistas también le ven un potencial alcista de doble dígito en el medio y largo plazo. Según los datos de Reuters, el consejo mayoritario es de ‘comprar’ y el precio objetivo medio es de 18,70 euros, un 17% por encima de la cotización actual.

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La SEPI es asimismo accionista también de referencia en Enagás, con una participación del 5%, la misma que tiene el millonario Amancio Ortega. Cada una de ellas está valorada en unos 156 millones de euros, a los precios actuales.

El potencial alcista que presenta el valor en el medio y largo plazo es de un 29%, con un precio objetivo medio de 15,34 euros. La recomendación mayoritaria es de ‘mantener’.

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Hay que tener en cuenta que la mayor participación del Estado en una cotizada del Ibex 35 no corresponde a la SEPI, sino a Enaire. A través del gestor de la navegación, el Estado controla un 51% de Aena, participación valorada en unos 15.000 millones de euros a los actuales precios del mercado. 

El gestor aeroportuario cumplirá este mes de febrero su primera década en Bolsa tras su privatización, y viene de haber marcado máximos históricos el pasado mes de diciembre en 212,4 euros. De cara a su futuro los analistas le dan de media una recomendación de ‘mantener’ y un precio objetivo de 209,46 euros, un 5,15% por encima de los niveles actuales.

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Por último, a través del Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB), el Estado tiene en sus manos todavía un 18% de Caixabank en una inversión que es herencia del rescate de Bankia hace más de una década, si bien recientemente contrató a Bank of America para vender algunas de sus acciones y acercarse más al 16,1% que ostentaba en 2021.

La participación del FROB en Caixabank está valorada en unos 7.000 millones de euros, y presenta buenas perspectivas de cara al futuro. Los analistas dan al valor un consejo de ‘comprar’, de acuerdo con Reuters, mientras que elevan el precio objetivo de las acciones hasta los 6,22 euros, con un potencial alcista del 10,75%.