Como bien hemos podido saber por el diario Expansión, en el día de ayer, este grupo de minoristas a través de B. Cremades & Asociados presentaron formalmente el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, para pedir así que se anule la decisión adoptada por la Junta Única de Resolución con sede en Bruselas.
En esta demanda los minoristas piden una compensación por daños de 1,85 euros por acción, que es la cantidad que a su juicio habrían recibido los accionistas en caso de que Bruselas hubiera instado el concurso de acreedores en lugar de la resolución.
Según filtraciones, como manifiesta el diario Expansión, el despacho pide que el tribunal declare nulo el procedimiento y ordene la devolución a los inversores de las acciones y demás instrumentos de capital. Considera que la intervención, la primera instada al amparo del Mecanismo Único de Resolución, viola el Reglamento 806/2014 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
A través de esas filtraciones se ha podido llegar a saber que la demanda solicita expresamente que todos los inversores agraviados sean compensados con "el importe equivalente al valor neto de los activos de Popular a fecha de 7 de junio, a determinar por un perito nombrado por el TJUE, y prorrateado entre todos los afectados". Esta compensación no podrá ser inferior "al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a 22 de mayo de 2017". Es decir, 0,696 euros por acción.