Son las socimi, naturalmente, herramientas de inversión que el pasado 22 de noviembre se libraron de ver cambiada su naturaleza, lo que las hería de muerte en España. El riesgo era tal que, hasta las dos mayores, Merlin Properties y Colonial, avisaron de que se iban de España si se les retiraba el régimen fiscal especial para considerarlas una sociedad mercantil corriente.

Una socimi es una Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Es un vehículo de inversión, mediante el cual, cualquier persona puede comprar una acción y estar invertido de manera indirecta en real estate. No hay ninguna traba, sólo adquirir un título en el mercado donde estén cotizadas, ya sea el Mercado Continuo, el BME Growth u otras plataformas alternativas como Portfolio donde, esta misma semana, debutó otra.

Sufren el ataque indiscriminado de las huestes de Sumar, unido al de su ecosistema de amigos (Podemos, ERC, Cup, Compromís, Bildu…) e incluso el de muchos miembros del PSOE, que enarbolan, enfurecidos, la eterna queja: “no pagan impuestos”. Algo falso, ya que “en estos instrumentos, el peso de la fiscalidad se traslada al inversor, que cobra las ganancias en forma de dividendos y, por tanto, estas tributan como rentas del capital”, indica Iñigo Sánchez del Campo, del despacho Thomas de Carranza. Las socimi deben abonar el 80% de las rentas y el 50% de las plusvalías por compraventa de inmuebles.

Es decir, la tributación habitual en los vehículos de inversión y del pago de dividendos. Insistimos: una socimi es un valor cotizado. Pero la semana pasada se les quería aplicar un 25% de impuestos de sociedades, como una empresa mercantil ordinaria, lo que trastocaba la naturaleza del instrumento.

Lo mismo se intentó con las sicav tiempo atrás. También se intentó aplicarles el tipo de sociedades, y como no se logró, se les buscó las vueltas de mil maneras, hasta que en 2021 se les impuso una obligación de tener 100 inversores con un patrimonio mínimo. Es decir, se considera inversión colectiva a una centena de partícipes, pero no a 99. Es inversión válida para quienes inviertan 2.500 euros y no 2.000 euros. La sociedad que incumpla, al 25% que se va.

Somos el único país del mundo en hacer esto. ¿Es España una de las mejores naciones del mundo en pegarse un tiro en el pie? Diría que la mejor. Porque cargarse las socimi es atentar contra el desarrollo inmobiliario español.

Estos sociedades cotizadas son responsables, entre otras cosas, de haber logrado la rehabilitación entera de barrios como Tetuán, Sor Ángela de la Cruz o algunas partes de Vallecas, en Madrid. Ordenan y estabilizan el mercado. Incorporan en cartera activos que están en distintas manos y logran profesionalizar su gestión.

“El incentivo fiscal del que gozan es el que permite un margen financiero para acometer las rehabilitaciones del inmueble, que tanto redunda en el desarrollo de los barrios”, apunta Sánchez del Campo. Es decir, democratización de la inversión, profesionalización del sector y desarrollo.

Los políticos populistas les culpan del encarecimiento de precios, cuando es al revés: mueven el mercado e incrementan la disponibilidad de activos y, por tanto, agilizan la oferta, en un mercado tan estrecho como el español.

¿Un edificio antiguo en malas condiciones en el centro de una ciudad se vuelve mucho más caro, una vez rehabilitado? Sin duda. Los barrios céntricos de las capitales son las zonas más exclusivas. ¿Las zonas reconstruidas también experimentan subida de precios en sus viviendas? Evidentemente: lo que se pagaba antes por un inmueble que apenas superaba las condiciones de habitabilidad no puede ser lo mismo que una urbanización nueva con piscina, paddle y aire acondicionado.

Como siempre, se quiere arreglar desde las consecuencias, no desde las causas. Si el problema es de precios altos, habrá que procurar que los salarios sean mejores y que haya más oferta de vivienda. Eso no se logra ni penalizando a los operadores inmobiliarios ni ordenando subidas salariales desde el Ejecutivo, sino dando facilidades.

Pero en fin… Las sicav también eran objeto de furor genghiskaniano por parte de algunos flancos políticos porque “sólo pagan un 1%”, cuando ese impuesto es un gravamen especial, ya que una sociedad de inversión no es una empresa, es un vehículo para que los accionistas accedan a los mercados de capitales. No deberían pagar siquiera ese 1%.

Las sicav también fueron instrumentos muy beneficiosos. Vivieron su época dorada en la época floreciente de la economía española: los finales de los 90 y primeros años de este siglo. Eran momentos en los que muchos grupos familiares protagonizaron grandes operaciones y con sus sociedades de inversión, podían tener su dinero reinvertido, casi siempre, en activos españoles, sin que Hacienda cayera sobre ellos con sus impuestos de Patrimonio y otros.

Así, se constituyeron las de Amancio Ortega (salida a Bolsa de Inditex), la familia Del Pino (OPV Ferrovial), Alicia Koplowitz (venta de FCC), Antonio Asensio (venta paquete Via Digital), y un largo etcétera. Estos vehículos, además, fueron objeto de inspecciones fiscales, criticándoles que efectuaban reembolsos mediante la fórmula de reducción de capital y que estaban llenos de ‘mariachis’, es decir, inversores meramente administrativos para alcanzar el dichoso cupo de los 100.

La reducción de capital era un caramelito para Hacienda, ya que dejaba rastro en los registros, por lo que los inspectores no tenían el menor problema para examinarlas y comprobar si eran esa operación o una venta encubierta. El problema de los ‘mariachis’, por una vez, se arregló bien: obligando a cotizar a las sociedades y permitiendo a todo el mundo invertir en cualquiera.

Una democratización que abría la puerta a cualquier ciudadano tener participaciones en la mismísima sociedad de Emilio Botín o Amancio Ortega. Todo eran ventajas… pero no. En 2021 se las hirió de muerte y de las más de 3.000 que llegó a haber (todas, pagando auditorías, gestores, invirtiendo en los mercados…) hay, ahora, alrededor de 500. Un 75% menos. Y cayendo. 

La socimi suman ahora unos 25.000 millones de euros de capitalización. Las hay grandes, pequeñas, mejores, peores… pero están en el punto de mira, como lo está prácticamente todo lo relacionado con el ahorro. Eso se llama inseguridad jurídica, un problema estructural de España que, sorprendentemente, no preocupa a casi nadie.

Lo alertó con un enorme gracejo ese fenómeno de la naturaleza que es Ismael Clemente, presidente de Merlin, con su famosa anécdota viral de “Johnson el de las renovables”. Él sabía de sobra el riesgo que sobrevolaba sobre las socimi, así que no dudó en ser el primero en salir: “si modificáis las reglas del juego, me voy de España”. Otros lo han hecho ya.

Quizá ese riesgo fuera el único motivo que frenó el hachazo fiscal, que se daba por hecho, el pasado día 22.

¿Quién se beneficia con estas medidas ideológicas? ¡Nadie! De nuevo, es urgente poner sobre la mesa la responsabilidad patrimonial de los políticos. Nuestra maquinaria estructural aflora la mediocridad y el populismo político. Daría igual, si no fuera por el deterioro económico incalculable que causan medidas ideológicas y apriorísticas. Un político no puede ser el responsable de la liquidación de 2.500 sicav y no sólo irse de rositas, sino presumir de ello. Un político no puede plantearse liquidar las socimi sólo porque les cae mal. Nos hace daño a todos, seamos inversores en ellas o no.