Telefónica es uno de los valores que se mantiene en positivo en la sesión y con subidas de más de un punto porcentual. Desde un punto de vista bursátil, la compañía se anota algo más de un 20% en bolsa y “por encima de los 4,30- 4,35 euros permitiría pasar a la siguiente gran fase que tiene hasta los 7,94 euros”, decía recientemente Gerardo Ortega, analista independiente. De hecho, ha sido una de las últimas compañías en entrar en la cartera de acciones premium de Estrategias de inversión tras lograr superar los 4,218 euros a cierre diario. “ Dicho movimiento, entendemos, logra activar una FASE III expansiva en nuestra metodología de inversión tendencial y, cuyo próximo objetivo es el de superar los actuales máximos anuales y alcanzar el objetivo mínimo de ascenso teórico situado en las proximidades de los 4,528€ por acción”.
Sin embargo, aun con la buena evolución bursátil, hay cosas que preocupan en la compañía. Para empezar que el valor lleva años atravesando pérdidas en sus cotizaciones, una situación extrapolable al resto de compañías europeas de telecomunicaciones, donde el planteamiento de la Comisión Europea ha sido muy proteccionista y ha permitido fusiones transfronterizas.
La semana pasada, José María Álvarez Pallete, CEO de la operadora asegura que están en un momento en que el accionista pide más rentabilidad para sus activos lo que pasa por reestructurar, fusionar o “que haya alguien que pueda sacar más rentabilidad a nuestra compañía de la que nosotros somos capaces”.
La primera apuesta de esa estrategia pasa por la venta directa de las filiales. Telefónica vendió a la mexicana América Móvil, las filiales de Guatemala y El Salvador en 2019 y luego se desprendió de los activos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En este sentido, la operadora está pendiente de solventar pleitos millonarios en Brasil, Perú y Costa Rica y de salir de Colombia. La compañía mantiene un largo romance con Hispanoamérica y de ahí ha venido gran parte de su crecimiento pero no exento de sinsabores por la inestabilidad política y regulatoria en muchos países.
El más relevante, el que le enfrenta con los reguladores de Brasil, está a punto de sustanciarse, según publica Cinco Días. Telefónica Brasil, que opera con la marca Vivo, anunció en junio pasado un principio de acuerdo con Anatel, el regulador de las telecomunicaciones, y con el Tribunal de Cuentas de la Unión, por el que ambas partes renunciaban a todas sus iniciativas judiciales, arbitrajes y demandas de indemnización, en el negocio de la telefonía de voz fija. De esta forma, el Estado renuncia a las multas que le impuso de 3.000 millones de reales (540 millones de euros) y Vivo retira una demanda en la que exigía al fisco brasileño hasta 10.000 millones de reales (unos 1.787 millones de euros).
Distinto ha sido en Perú, donde su filial fue condenada en enero de 2023 por la Corte Suprema a pagar alrededor de 790 millones de euros, la mayor multa en la historia de la compañía por unas diferencias fiscales en el impuesto de la renta desde 1998 a 2001.
Añadido a esto está la preocupación sobre su accionariado. La decisión del gobierno de comprar hasta un 10% de Telefónica se justificó por la necesidad de preservar la independencia estratégica de la empresa. El gobierno decidió lanzarse al asalto de Telefónica después de que Saudí Telecom confirmara una participación del 9,9% en la operadora. Una participación que dejaron claro que sería financiera sin objetivo alguno de cambiar la línea estratégica de la compañía.
La independencia estratégica de Telefónica no está en peligro, pero, en cualquier caso, si el Estado desea reforzar su confianza en un inversor de largo plazo, tiene otros métodos. Con esto, el dinero público volvía a entrar en la teleco española tras su privatización en 1997 y pasó a cotizar de los 3,7 euros a por encima de los 4 euros. Uno de los riesgos que surgen ahora es "que haya injerencias en la gestión" de Telefónica por parte del Estado. Por el momento, se desconoce qué ocurrirá con el ERE que tenía planteado Telefónica para despedir a miles de trabajadores.