Lo cierto y verdad es que tanto los fondos de inversión como los fondos de pensiones son vehículos de inversión colectiva que tributan mediante el régimen de incremento de patrimonio. Esto se traduce en que sólo se pagan impuestos cuando llega el momento de la retirada de la inversión.

La izquierda política critica que más de 136 millones de euros al día fueron a parar a sociedades y fondos de inversión extranjeros en 2023, especialmente a Luxemburgo e Irlanda. Todo ello como consecuencia de la subida de los tipos de interés y de la rentabilidad de la deuda pública. 

El Gobierno parece mirar a otro lado cuando se trata de analizar el trasfondo de la situación. Los inversores se llevaron a otros países más de 50.200 millones de euros, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En más de una ocasión, el Gobierno de España se ha equivocado al penalizarlos, como hizo con los planes de pensiones. En aquella ocasión, prohibió sus aportaciones hasta un máximo de 1.500 euros anuales. Todo ello se hizo en pro de un plan de empleo público alternativo, algo que fomentó la exclusión y que en realidad debería haber sido complementario.

Acusación contra los fondos de inversión: vivienda

A finales del pasado mes de junio, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, solicitó al presidente del Gobierno expropiar la mitad de las viviendas que son propiedad de los grandes fondos de inversión.

Una acción desmedida, pues los fondos de inversión o fondos buitre no representan a la gran mayoría de los caseros de España, tal y como sucede con los particulares, que poseen más del 80% del parque de viviendas que existe en alquiler en el territorio.

De efectuarse la petición de la formación morada, apenas se influiría sobre el 3% de la vivienda de alquiler en España. Por tanto, no solucionaría el grave problema del mercado, sino que implicaría un nuevo duro golpe contra la seguridad jurídica del país.

Se les acusa de perjudicar a la juventud

Desde un prisma regional, el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha manifestado recientemente su malestar contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por proteger los fondos de inversión con una nueva normativa en materia de vivienda, en lugar de proteger a las familias trabajadoras y a la juventud. 

Con la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, Valero denuncia al gobierno autonómico de desobedecer la ley de vivienda para no molestar a especuladores y fondos de inversión. Asegura que va contra le normativa estatal, sin aplicarse a pesar de que el incremento de la vivienda en Andalucía casi cuadriplica al incremento de la media nacional. 

Así es cómo, de manera tajante, la izquierda andaluza acusa al gobierno de Moreno de no proteger a las familias trabajadoras y a la juventud. Asegura que se da protección a los fondos de inversión, los cuales se están haciendo con las viviendas residenciales para ponerlas en alquiler turístico.

Culpables de la crisis del campo

El pasado mes de febrero, el diputado de Podemos por Murcia, perteneciente al Grupo Mixto en el Congreso, Javier Sánchez Serna, calificaba a los fondos de inversión como los grandes enemigos del campo español

En su intervención ante la Cámara Baja en Sesión Plenaria, aseguró que el principal error reside en el hecho de desacreditar a los agricultores que se están manifestando diciendo que no son verdaderos trabajadores y que están manipulados por la derecha. 

Acusa a los fondos de inversión extranjeros, nuevos propietarios, de ser un nuevo actor despreocupado por el desarrollo sostenible del campo y que solo pretende quedarse con la totalidad del mercado de la vivienda y con los servicios públicos externalizados. De hecho, matizó que los fondos buitres interesados en el campo se multiplicaron por 15 en las últimas décadas.

Los fondos de inversión, un aliado de las familias españolas

Los fondos de inversión suponen el 16% del ahorro financiero de las familias españolas, algo que lo sitúa próximo al 200% sobre el PIB. Gracias a los fondos de inversión, el titular puede ir aportando dinero cada poco tiempo e ir configurando una bolsa de ahorro a medio-largo plazo, sin necesidad de estar pendiente permanentemente de la inversión. 

Si los fondos de inversión salen del escenario político será como consecuencia de una importante falta de seguridad jurídica y de la acusada crisis económica, además de unos elevados tipos de interés. Todo ello resta poder de atracción de inversores a España.