La situación de la vivienda en España ha alcanzado niveles preocupantes, evidenciando una infraproducción que no satisface las necesidades de la población. Esta coyuntura requiere una reflexión profunda y la implementación de medidas efectivas para duplicar la producción actual de viviendas. Durante el año 2024, en la Comunidad de Madrid se han tomado importantes medidas enfocadas al cambio estructural gracias al Pacto Regional por la Vivienda. Sin duda, las medidas acordadas en la Declaración de Asturias (firmada por doce Presidentes de CCAA, o en el Acuerdo de Zaragoza (firmado por 30 alcaldes), ofrece un marco prometedor para abordar este desafío, a través de ese necesario Pacto de Estado por la Vivienda.

Actualmente, la oferta de viviendas en España es insuficiente para cubrir la demanda existente, lo que provoca un incremento constante en los precios y dificulta el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población. Esta infra producción se debe a múltiples factores, entre los que destacan la escasez de suelo disponible, la tramitación burocrática lenta, la elevada carga fiscal y la falta de incentivos para la inversión privada.

Para revertir esta tendencia y alcanzar el objetivo de duplicar la producción actual de viviendas, es imperativo implementar una serie de medidas estructurales que aborden las causas raíz de la infra producción. 

Respecto al suelo, en el corto medio plazo, es esencial movilizar tanto suelo público como privado. En cuanto a los suelos públicos, se debe desbloquear y poner en carga todo el suelo de titularidad pública. Igualmente, es necesario propiciar los cambios de uso de los suelos vacantes para destinarlos a la construcción de vivienda asequible. Pero, sobre todo, es necesario incentivar a los promotores constructores a desarrollar proyectos de vivienda protegida mediante facilidades administrativas y fiscales, así como agilizar todos los desarrollos urbanísticos en curso, para que se finalice su urbanización y pueda iniciarse cuanto antes en ellos la construcción de viviendas.

En el largo plazo, es necesario un cambio de paradigma en las leyes del suelo, para recuperar la inversión en nuevos desarrollos urbanísticos, y atraer de una vez por todas la inversión privada a la regeneración urbana a través de la redensificación de las ciudades.

También es imperativo reducir la carga burocrática y los plazos de tramitación de las licencias urbanísticas, implementando mecanismos como las declaraciones responsables y la licencia básica y, sobre todo, la colaboración público-privada a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas.

La revisión de la carga fiscal es otra medida indispensable. No tiene sentido que la producción de vivienda sea una actividad asfixiada fiscalmente. Está presión que sufre el promotor de vivienda, por parte de los tres niveles de la Administración, se traslada al comprador. El 25% del precio final de una vivienda deviene de los distintos tributos sufragados a los tres niveles de la Administración en la producción de esa vivienda.

Por último, es necesario facilitar el acceso a la financiación para el desarrollo y la compra de suelo. Igualmente hay que ampliar los programas de avales para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas que cubran hasta el 100% del valor de la vivienda, facilitando así la entrada al mercado inmobiliario, para un colectivo que tiene capacidad de pago, pero no de ahorro. Además, impulsar iniciativas que incentiven el ahorro previo para la adquisición de vivienda, como cuentas vivienda con ventajas fiscales.

La Declaración de Asturias, el Acuerdo de Zaragoza, el Pacto Regional por la Vivienda en la CAM, representan un giro de 180º en la política de vivienda y suponen un paso significativo hacia la solución de la problemática de la vivienda. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las medidas propuestas y de la colaboración entre todos los actores involucrados: administraciones públicas, sector privado y sociedad civil. Para implementar este cambio estructural, tenemos que ir todos a una: desde los presidentes de las comunidades autónomas, hasta el último técnico del último municipio. 

Reitero nuestro compromiso para trabajar conjuntamente en la construcción de un futuro donde el acceso a una vivienda digna sea una realidad para todos los ciudadanos. Es momento de adoptar medidas valientes y actuar con determinación y responsabilidad.