A su juicio, “la coyuntura actual, sin duda va a afectar, pero las autoridades europeas y la Comisión continúan firmes en su propósito de alcanzar los objetivos (Acuerdo de París y Agenda 2030-ODS) y las entidades financieras siguen avanzando en el establecimiento de sus objetivos para la reducción de emisiones de carbono-neutralización”. Así como en la identificación de actividades a financiar que nos van a permitir conseguir dichos objetivos (a través de la taxonomía), en ofrecer transparencia de los riesgos ESG de las inversiones y de las incidencias adversas (Reglamento de transparencia -SFDR) y en asesorar al inversor. Teniendo en cuenta -dice Royo- “sus preferencias de sostenibilidad (Green Mifid) impulsando así un mayor conocimiento e integración de los aspectos de sostenibilidad en los mercados de capitales”.

KPMG asesora a entidades financieras, gestoras y aseguradoras en la integración de riesgos ESG en sus productos de inversión y en las carteras crediticias, y “ahí tenemos escenarios de todo tipo”. Hay productos -afirma la directiva de la firma de servicios profesionales- que promueven características sostenibles y productos de impacto, aunque todavía no son la mayoría. 

La integración de estos factores lleva tiempo por la disponibilidad de datos y “porque requieren de una reflexión estratégica de las entidades sobre cómo desean posicionarse en un corto y medio plazo” precisa Royo. En KPMG España -recuerda- “somos aliados de la federación europea de analistas financieros (EFFAS) para la impartición de la certificación de análisis ESG para los gestores (CESGA) que llevamos impartiendo desde hace más de 7 años y por la que han pasado más de 2000 gestores en Europa”. También “estamos presentes en Europa en grupos de trabajo para el desarrollo de la taxonomía o hemos asesorado en la implantación de metodologías de análisis ESG para small caps, en concreto, la que lidera LightHouse del IEAF”. 

En su opinión, los incentivos para el inversor y el financiador a día de hoy sigue siendo que éstos se incorporen a la lucha contra el cambio climático en sus políticas (de inversión y financiación verde) y procesos (riesgo ambiental y climático en los procesos de concesión de crédito). Muy en especial, cuando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España establece que en 2023 las entidades financieras deben conocer su huella de carbono de alcance 3 (la de sus portfolios), y marcarse un objetivo de reducción de emisiones y compensación para lograr la neutralidad climática antes de 2050. Esta es la hoja de ruta -enfatiza Royo- en la que “están trabajando las entidades a día de hoy”.