Asunción Martín Sobrino, directora general de Kaudal
La evolución de la inversión en investigación y el desarrollo en España ha estado marcada por los desafíos económicos y sociales de cada momento. Durante los años 80 y 90, la integración de España en la Unión Europea supuso un punto de inflexión en esa evolución, ya que trajo consigo el acceso a programas de financiación e iniciativas comunitarias que incentivaron el crecimiento de nuestro sector tecnológico. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XXI cuando el país comenzó a adoptar medidas más contundentes para promover la inversión en I+D+i como pilares fundamentales para la competitividad económica.
En las últimas décadas, España ha experimentado avances significativos en investigación y desarrollo, situándose progresivamente como un actor relevante en el mapa global de la innovación. Según los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Europea en el Índice Global de Innovación y el Tablero Europeo de Innovación, España se sitúa en el panorama de la I+D+i como un actor destacado, impulsando el crecimiento económico y la competitividad a través de un prometedor ecosistema en expansión: ocupa el puesto 28 a nivel mundial y el puesto 16 a nivel europeo.
Unos avances que no habrían sido posibles sin un marco de políticas públicas destinadas a fomentar la I+D+i, así como, complementariamente, con el impulso a la colaboración entre los sectores público y privado. En los últimos años, respondiendo a este desafío, hemos asistido al uso creciente de las conocidas como estructuras de mecenazgo tecnológico o Tax Lease de I+D, que facilitan a las empresas tecnológicas (que por diversas razones no pueden aprovechar para sí mismas estos créditos fiscales), financiación no dilutiva y a fondo perdido para sus proyectos de I+D, transfiriendo los incentivos fiscales generados por dicha actividad a los inversores.
Además, esta vía de financiación tiene un impacto significativo en los ámbitos económico y social, ya que impulsa la transferencia de avances científicos y tecnológicos desde universidades y centros de investigación hacia la sociedad, lo que se traduce en un aumento del bienestar social. Desde el año 2014, la inversión española en I+D ha experimentado un crecimiento constante, alcanzando los 19.325 millones de euros en el año 2022, el mayor registro de la serie histórica.
Sectores como la biotecnología, las energías renovables, la inteligencia artificial o la industria aeroespacial han sido claros beneficiarios de esta colaboración público-privada, que se está convirtiendo en un motor fundamental para el incremento de patentes, desarrollo de tecnologías avanzadas y crecimiento de sectores estratégicos que permitan a España afianzarse como un actor relevante en el ecosistema de la I+D+i.
Para seguir en esta senda, la combinación de políticas públicas e inversión privada se revela como la clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad en nuestros días. De este modo, se busca potenciar la estrategia marcada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que prevé duplicar la suma de inversiones pública y privada, pasando del 1,24 % del PIB en inversión en I+D+I registrado en 2018 hasta el 2,12 % en el año 2027.