Un consorcio formado por Ferrovial, Acciona y Sacyr se ha adjudicado el desarrollo de una autopista urbana en Lima (Perú) bajo el formato de concesión por 3.400 millones de dólares (unos 3.131 millones de euros), según ha informado este viernes Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía que preside Rafael del Pino, a través de su filial de autopistas Cintra, posee una participación del 35% en el consorcio, mientras que Sacyr y Acciona cuentan con un 32,5% cada una.

El proyecto Anillo Vial Periférico de Lima que se han adjudicado las tres empresas se integra en el esquema de planificación de infraestructura vial de Lima a nivel local, regional y nacional, y su objetivo es resolver los desafíos que plantea la movilidad en la capital peruana y en zonas cercanas.

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, gestión y mantenimiento de una autopista urbana de peaje de 34,8 kilómetros. La nueva ruta conectará 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao, y beneficiará a 4,5 millones de habitantes.

Contará además con vías laterales libres de peaje en ambos sentidos a lo largo del trayecto principal, que facilitarán la conectividad en la ciudad.

Se calcula que el proyecto generará más de 70.000 empleos, tanto directos como indirectos, en su etapa de construcción, de los que 5.000 puestos estarían directamente asociados. Durante su operación, se anticipa la creación de 20.000 empleos anuales, entre directos e indirectos.

El Anillo Vial Periférico incorporará también tecnología avanzada, incluyendo sistemas de gestión de la información de diseño (BIM) y de gestión de activos y sistemas inteligentes de transporte (ITS) para garantizar una gestión de la infraestructura eficiente y segura.

La operación de la ruta se efectuará bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, con lo que los ingresos de los peajes cubrirán los costes de operación y mantenimiento y apoyarán parcialmente la inversión inicial.

El término de la concesión se ha definido en 30 años desde la firma del contrato o hasta alcanzar el valor presente de ingresos por peaje (VPIP) señalado. El contrato prevé la posibilidad de extender el periodo de concesión si el VPIP no se ha alcanzado en el año 30.