“Nuestra casa está en llamas. El Parlamento Europeo ha visto el fuego, pero no resulta suficiente. Se necesitan acciones, no sirve con esperar y ver de nuevo”. Con esta elocuente cita analizaba el asesor sobre políticas climáticas de Greenpeace, Sebastian Mang, la resolución legislativa de la Eurocámara en la que, por una amplia mayoría de eurodiputados -429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones- se declaraba la emergencia climática y se reclamaba a los gobiernos e instituciones comunitarias una estrategia concertada para alcanzar la neutralidad energética en 2050.

Reto que requiere el compromiso de los socios de la Unión de emisiones cero de CO2. La iniciativa parlamentaria europea surgió casi al unísono con la seria advertencia de los científicos, a partir de datos elocuentes. La temperatura media mundial ha aumentado 1,1 grados de media entre 1850 a 2019, según la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial, documento que ha servido de base para los debates de la Cumbre sobre la Acción Climática que se ha celebrado en Madrid.

Y el termómetro no deja de marcar máximos. Para la OMM no hay duda: 2019 estará entre los cinco años más cálidos registrados en la historia. Mientras la ONU alerta de “impactos climáticos destructivos”. Entre otros, que la superficie de hielo del Ártico y la Antártida se ha reducido drásticamente desde 1979 hasta el momento, según datos del NSIDC y cifras extraídas del Programa del Satélite Meteorológico de Defensa (DMSP).

Sólo en el hemisferio norte se han perdido 2.238 millones de kilómetros cuadrados de hielo, mientras que en el sur lo ha hecho en otros 1.121 millones de kilómetros cuadrados. Pero la fulgurante desaparición de los glaciares no es el único efecto colateral. Hay evidencias del derretimiento del permafrost en Siberia, del incremento de incendios en el bosque boreal de Canadá, de la rampante deforestación, del 17%, de la Amazonia, de la muerte de barreras coralinas en el Pacífico y de la súbita ralentización de la corriente del golfo en el Atlántico.

 

Fenómenos que llevan a parte de la comunidad científica a dudar de si se ha traspasado ya “el punto de no retorno” aunque, en general, se inclinan por dar aliento al optimismo, si se impulsan estrategias concertadas y contundentes en todo el mundo.

Europa ha enarbolado la bandera de las energías limpias. Es el primer continente que proclama su compromiso con la neutralidad energética. No sólo por el estandarte izado desde la Cámara Europea. Ni siquiera por la constatación de que esta década, la de los emblemáticos Acuerdos de París, vaya a ser la que más ha sufrido los rigores de las inclemencias meteorológicas, o que este ejercicio vaya a ser uno de los tres más cálidos jamás registrados.

También desde la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen se ha elevado a la categoría de máxima prioridad las políticas contra el cambio climático. Promete liderar y lograr la total supresión de los gases de efecto invernadero y emplear la pedagogía precisa para que los ciudadanos del Viejo Continente contribuyan a eliminar sus huellas de carbono.

“La UE desea convertirse en el primer continente de energía limpia en 2050”, dijo a su llegada a Madrid para asistir a la cumbre del Clima. Antes de precisar que “abanderará el elenco de ambiciones e iniciativas para nuestro planeta, pero también será el dique de contención de todas aquellas viejas medidas contaminantes”. Von der Leyen admitió su intención inmediata de enviar misivas diplomáticas a más de 200 naciones del planeta con las intenciones y mecanismos que la UE pondrá de inmediato en funcionamiento.

La neutralidad climática requerirá a la Unión unos recursos adicionales de 175.000 millones de euros, hasta totalizar 290.000 millones anuales en inversiones para renovar redes energéticas y su mapa de infraestructuras para reconvertir su actual mix de fuentes de energía, dominado aún por el petróleo y el resto de combustibles fósiles.    

La estrategia europea priorizará las energías renovables en amplios sectores industriales. Desde el propio segmento de compañías energéticas hasta el transporte o la agricultura. Y, según la presidenta de la Comisión, pretende atraer a la causa a las principales naciones contaminantes, como China, India o Japón.

Green New Deal demócrata contra Trump

A la espera de si, en las elecciones presidenciales de EEUU, que se ha salido del pacto parisino por decisión de la Administración Trump, irrumpe en la Casa Blanca un sucesor -o sucesora- demócrata con sensibilidad y deseos de impulsar este nuevo paradigma económico. La práctica totalidad de los aspirantes de este Partido han hecho causa común con el llamado Green New Deal, auspiciado por la Alexandria Ocasio-Cortez, la emergente figura de esta formación, cercana al veterano Bernie Sanders, y que ha inculcado entre los candidatos que compiten en las primarias del partido su idea de que el mix energético estadounidense proceda en su totalidad de fuentes limpias en 2035.

Para lo cual, sería necesario emplear unos 7 billones de dólares en inversiones: al menos 2 de ellos, en los primeros cinco años, y 2,5 en el segundo lustro. La terna de propuestas de los aspirantes es variopinta. Pero todo abrazan la causa. Pese a que Ocasio-Cortez no concurra a la carrera por la presidencia.

Sanders habla de 16,3 billones de dólares si EEUU quiere acometer con éxito este combate, una partida más que astronómica de la que saldría la financiación estadounidense para el Fondo Climático Verde de Naciones Unidas, dirigido a ayudar a los países en desarrollo (200.000 millones), además de otros 40.000 para la creación de otro arsenal de recursos, el de Resistencia Climática, destinado a ejercer como medida de choque para frenar el calentamiento en los próximos años.

Los dos dirigentes demócratas con más apoyo social en los sondeos también se han adentrado en esta senda. El ex vicepresidente Joe Biden cambia de tercio y desvela un plan inversor algo menos exigente: más de 5 billones en diez años para conservar el 30% de la tierra y el agua del país para 2030, alcanzar un compromiso sólido y ejecutable desde el G-20 para acabar con los subsidios a proyectos con altas emisiones de CO2 y reducir a la mitad las emulsiones contaminantes de los edificios en 2030, hasta conseguir emisiones cero en 2050.

Apoya que se establezca un impuesto sobre el carbón, aunque no juzga realista que la Casa Blanca imponga una prohibición federal al fracking, el peligroso método de extracción de crudo que emplea técnica de fractura hidráulica y que ha proliferado bajo el mandato de Trump, hasta convertir a EEUU en el principal productor de petróleo del mundo. El fracking es altamente perjudicial para el medio ambiente.

La senadora Elizabeth Warren, su gran rival a estas alturas de la contienda demócrata, ha dejado por escrito que suprimirá la actividad del fracking en su primera orden ejecutiva si llega al Despacho Oval y que revertirá el mix energético de EEUU, que sólo en generación eléctrica, logra el 60% de cuota de demanda de fuentes fósiles (esencialmente, carbón y gas), otro 19% a la nuclear y tan sólo un 17% a las energías renovables. Entre sus medidas estrella de descarbonización destacan la conversión de edificios federales -con 3 billones de dólares- en zonas libres de misiones y planes de inversión inmediatos para lograr la renovación total del parque de vehículos, con una clara apuesta por los coches eléctricos. 

Polonia impide el acuerdo de la UE

En contraste, desde Europa, Von der Leyen, pretende dotar a la política climática del estatus de “estrategia geopolítica”, lo que exigirá a su Ejecutivo la inclusión de parámetros y garantías de preservación medioambiental en cualquiera de sus iniciativas globales, desde los tratados de libre comercio que suscriba -incluso la revisión de los que están en vigor- hasta el cumplimiento efectivo y en tiempo real de todas las recetas que se impulsen desde Bruselas a sus Estados miembros, un mensaje con hilo directo a Polonia, que lidera la amenaza de veto a la nueva política climática de la UE de los países del Grupo de Visegrado que integra junto a Hungría, República Checa y Eslovaquia, la única que se ha desligado en esta cuestión.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han sido incapaces de alcanzar un acuerdo unánime este jueves para eliminar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050 por los problemas de Polonia para asumir este objetivo.

Pese a las fondos prometidos, Polonia aseguró que no podía asumir este compromiso, por lo que los Veintiocho volverán a debatir esta cuestión en junio del próximo año. Los otros dos países resistentes, Hungría y la República Checa acabaron cediendo en la negociación cuando se añadió una frase a las conclusiones en la que se manifiesta que podrán usar “la energía nuclear como parte de su mix energético”. Una precisión que también interesaba mucho a Francia, el país europeo más dependiente de esta energía.