Pero desde el ámbito privado detectan falta de transparencia y admiten la necesidad de acudir a la Intervención del Estado para conocer el recorrido real de las ayudas. Mientras desde la oposición política arremeten contra la falta de fluidez de las inversiones y en la patronale se incide en que el ritmo hispano es inferior al de socios como Italia, Portugal o Francia. El Ejecutivo niega la mayor. Insiste en que está a la vanguardia de los despliegues monetarios y financieros. Compañías como Repsol o Telefónica, firmas como KPMG e instituciones como Cámara España o la CEOE ayudan a entender el estado de situación de unos recursos claves para la consolidación del ciclo de negocios en la cuarta economía del euro.
Los datos del Ministerio de Hacienda a los que tuvo acceso elDiario.es y que publicaron a finales de noviembre son concluyentes. De los 24.198 millones de euros con los que se dotó para 2021 el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se habían autorizado un 73% --17.700 millones-, de los que 14.422 millones (el 59,6%) estaban ya comprometidos y 10.425 en fase de adjudicación plena. O, dicho de otra manera. Más de cuatro de cada diez euros (el 43,1%) ya se han ejecutado, lo que induce al Gobierno a afirmar que España es uno de los socios de la UE “más adelantado” en la gestión de los recursos Next Generation EU desde que se dio inicio al Plan de Recuperación, en julio del pasado año, tras el visto bueno de la Comisión Europea al programa de reformas español, que obliga al Gabinete de coalición a aprobar una treintena de leyes en los dos años que quedan de legislatura. Pero cuya certificación por Bruselas abrió el melón de la prefinanciación, por un valor de 9.000 millones, ya en agosto. Apenas un mes más tarde, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguraba, sin embargo, que el impacto de los fondos se desplazaba a 2022 y que el Estado sólo había empleado, hasta las fechas previas a Navidad, 3.716 millones. Los que, en realidad, han llegado a las empresas y autónomos.
Las inversiones del Plan de Recuperación incluyen 70.000 millones en ayudas no reembolsables europeas a gastar en cuatro años. De los 24.198 millones que se contemplan en los Presupuestos de 2021 -en las cuentas económicas de este año se alcanzan los 26.900 millones- hasta ahora se han autorizado -se ha iniciado el proceso de gasto- 19.031 millones; es decir, el 78,6%. Porción con la que se produce el tránsito de ejercicio. Mientras que se habían comprometido -esto es, la adjudicación de contratos a empresas o la concesión de subvenciones- 17.228 millones; es decir, el 71,2%. Datos que corresponden a la gestión del Estado, entre los que se incluye también los recursos transferidos a las regiones, que suponen 11.247 millones y que aún han de gastarse. Motivo por el cual, los casi 4.000 millones, tendrán un efecto menos positivo en el dinamismo del PIB para el conjunto de 2021; a falta de conocer la evolución del último trimestre del año y, en consecuencia, la trayectoria de la economía española en todo el ejercicio pasado.
La diagnosis de Moncloa, donde se elaboran los informes de ejecución del Plan de Recuperación, y en cuya web oficial se ha incorporado el último de ellos, de mediados de diciembre, reconoce, soterradamente, que el engranaje de la maquinaria de vertebración de los recursos está lejos de alcanzar su velocidad punta. Circunstancia, por otro lado, normal, si se tiene en cuenta que la propia Comisión anunció el 27 de diciembre la llegada de los primeros 10.000 millones de euros por haber cumplido con el desarrollo del plan pactado con Bruselas. Justo en las fechas en las que se anunció el acuerdo de los agentes sociales sobre la reforma laboral, una de las piedras angulares sobre las que giraba el cheque al portador con destino a Madrid. “Buenas noticias para España” titulaba en su tweet oficial Ursula Von der Layen, la presidenta del Ejecutivo de la UE, en el que confirmaba que España “será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de 10.000 millones de dólares, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen”. Un plácet inmediato que se sumaba a los 9.000 millones anticipados en julio.
En el informe se deja constancia de que las inversiones del plan están “orientadas a lograr la velocidad de crucero en el proceso de modernización de la economía española” en las cuentas presupuestarias de 2022. Con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como el departamento estelar, con una dotación de 5.875 millones de euros, el 22% del total, al que le siguen el de Industria, Comercio y Turismo, que concentra otros 4.876 millones, mientras que el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico asume 4.378 millones. Y se insiste en el carácter transversal de las líneas de inversión. Con varios componentes con un volumen de recursos por encima del 5% del total presupuestado para este ejercicio. Entre los que destaca el llamado plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que dota el programa de zonas de bajas emisiones y transformación por valor de 1.124 millones de euros. El de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana con programas de recuperación económica y social en entornos residenciales de 1.389 millones. El de movilidad sostenible con inversiones de apoyo a la digitalización del transporte verde, en intermodalidad y logística y a los corredores europeos -dotado con otros 1.635 millones de euros- el de modernización de las Administraciones Públicas, para favorecer su transformación (1.795 millones), el denominado de política industrial España 2030, donde destaca el Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial (2.784 millones) y el de impulso a la pyme mediante instrumentos que buscan su digitalización y la de los autónomos, así como la innovación tecnológica y su inserción en el entorno digital, con programas como el Kit Digital, el de Agentes del Cambio o el de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras: otros 2.140 millones de euros.
Esta trayectoria, sin embargo, ha dejado patente la compleja evaluación de Bruselas, que se ha tomado casi un semestre en mirar con lupa la estrategia española. En la que, por ejemplo, debe incluirse una plataforma telemática de seguimiento, lo que exigen criterios permanentes tanto de transparencia como exámenes de sostenibilidad, medidas antifraude y evolución del proceso de digitalización. Y justifica la aceleración de las ayudas desde finales de diciembre: “El ritmo siempre es menor al principio hasta que se alcanza velocidad de crucero”, explicaban fuentes de La Moncloa a El País, ya que “había ministerios acostumbrados a un presupuesto de 100 millones que, de repente, pasan a tener que administrar ayudas por 2.000 millones, lo que requiere unos refuerzos departamentales y cambios de mentalidad”, explicaba un alto cargo de Presidencia, que insiste en que el presidente Sánchez supervisa de cerca su evolución y presiona para que se cumplan los plazos.
Las críticas a la gestión, no obstante, surgen por doquier. Desde el Parlamento Europeo, el líder y portavoz de C’s y vicepresidente del grupo liberal, admite que “el Gobierno ha demostrado ser muy hábil en los pasillos de Bruselas”, pero critica que “no parece tener la misma capacidad para coordinarse con las autonomías”. Mientras desde el PP le achacan que las transferencias básicas se han producido hacia los gobiernos regionales y Adif. Y en Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro, inciden la opacidad, en la ausencia de información permanente y nítida sobre las partidas y las ayudas ejecutadas, que les obliga a acudir a los datos de la Intervención General del Estado que maneja partidas ya reconocidas. En la CEOE el mensaje de lentitud ejecutoria es el más utilizado. Si se compara con países como Italia, Francia o Portugal. Además de la “falta de agilidad administrativa”, que ha supuesto que sólo el 2% de las ayudas hayan aterrizado en las empresas; en concreto, hablan de 104 millones del total de casi 5.000 millones comprometidos a dicha fecha.
Fruto de estas preocupaciones de la patronal, Calviño salió a la palestra a garantizar que el 45% de los fondos de recuperación para 2021 ya ha sido desembolsado en cuya comparecencia pidió una reunión con los agentes sociales. A la vicepresidenta le molestó la apelación a la lentitud en la ejecución real de las ayudas europeas por parte de la CEOE.
En CaixaBank Research explican que los recursos NGEU, un plan fundamentalmente de inversión y de reformas estructurales, “permitirá a la economía hispana virar hacia regímenes regulatorios más flexibles y lograr que los efectos perduren más allá de la implementación del plan”, mientras sus analistas enfatizan que, “al ser una ayuda coordinada y procedente de la UE, cabe esperar un impacto positivo adicional derivado de los efectos que tendrá en los distintos países” dentro de un entorno favorable de tipos de interés muy bajos. “Si los programas del plan español son de calidad y se desarrollan eficazmente, al tiempo que se desarrollan reformas útiles, el impacto que conseguirán será elevado, con beneficios permanentes”, aclaran. De lo contrario, “sólo se conseguirá dar un impulso a la economía, pero con fugaz crecimiento.
Voces empresariales, institucionales y de expertos
Repsol, dicen desde la multinacional española, como gran empresa tractora, quiere contribuir a los esfuerzos de España para sacar el mayor rédito de los fondos europeos Next Generation a través de iniciativas que pueden formar parte del Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia. “En el marco de las convocatorias de las diferentes manifestaciones de interés llevadas a cabo por el Gobierno, Repsol ha presentado un portafolio de 31 proyectos con una inversión total asociada de 6.359 millones de euros que combinan tecnología, descarbonización y economía circular”, explican fuentes de la compañía. En concreto, ocho proyectos de hidrogeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, otros ocho de energía distribuida y movilidad eléctrica, uno que aborda la infraestructura de transformación digital y el último que se centra en la transformación de la cadena de valor energética mediante inteligencia artificial y economía del dato. Las grandes empresas como Repsol “tienen capacidad para llevar a cabo proyectos plurianuales, contando con una amplia representación de pequeñas y medianas empresas”. Son proyectos -dicen- con notables inversiones asociadas y generadores de actividad económica, directa e indirecta. En su Plan Estratégico 2021-2025, Repsol prevé un esfuerzo inversor global de 19.300 millones de euros.
También su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en un reciente foro sobre Fondos europeos para la transformación, organizado por El País y Deloitte, precisó que los recursos asignados a España “nos tienen que ayudar a transformar la industria y la economía española” a reindustrializar el tejido productivo y hacerlo “más digital y sostenible”. Imaz dijo confiar en la sociedad, que lleva más de treinta años ejecutando fondos europeos; en ocasiones, de gran trascendencia, señaló en alusión a los fondos estructurales y de cohesión. “Y lo hemos hecho con eficiencia, cambiando el modelo económico”. Porque “tenemos firmas de gran dimensión que pueden ser tractoras y un tejido de pymes que pueden actuar como cluster y ayudar en esta “recepción, ejecución y transformación que la industria y la economía española necesitan”. En este sentido -remarcó su CEO- Repsol dispone de “una capacidad elevada de ejecución de grandes proyectos”. Hace años, “ejecutamos la mayor inversión industrial en España”, por valor de 3.200 millones de euros, en Cartagena. Por lo que “tenemos toda una pléyade de empresas con las que colaboramos en todo el tejido industrial español”. Y estamos en áreas productivas en las que se conjuga esa necesidad de transformación con otros vectores prioritarios para la sociedad española en estos momentos. Por supuesto, en la descarbonización, pero también asumimos la capacidad de liderar la energía del hidrógeno, porque somos sus principales consumidores, el 60% del total, y operamos con la mayor planta de hidrógeno de Europa, además de ostentar activos industriales para abanderar estos cambios hacia la neutralidad energética. También en economía circular, donde utilizamos aceites reciclados de nuestras refinerías en el suministro de diésel.
En Telefonica se insiste en que España “debe aprovechar la mano tendida de Europa para llevar a cabo una transformación digital y una transición energética que serán fundamentales para el futuro”. En la operadora se matiza que, “gracias a la amplia penetración de la fibra”, el mercado español se encuentra a la vanguardia de la conectividad y posee ya una posición privilegiada, por lo que ahora “afronta una ocasión histórica con las ayudas europeas”. Es -alertan- la primera gran revolución industrial, que “no solo nos coge preparados, sino que ofrece la oportunidad de liderarla gracias a la magnífica planificación de nuestras redes”, y España dispone de una de las mejores infraestructuras digitales de telecomunicaciones del mundo. Desde la multinacional se hace hincapié en que “hay que saber aprovechar los fondos europeos para que nuestro país actúe como punta de lanza y lidere la digitalización en Europa”. Desafío para el que resulta clave que “el dinero llegue a donde debe, a la economía real, a las empresas, y especialmente a las pymes”; de manera que “encuentren en estas ayudas la palanca que necesitan para acometer su transformación digital”.
Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, cree que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia empezó teniendo un objetivo ligado a la recuperación, “pero el proceso de negociación necesario para su aprobación en las instituciones europeas, así como la aprobación de los planes nacionales, le han otorgado un contenido muy ligado a la transformación”. En este sentido, Pérez recalca que “la exigencia de reformas e inversiones en cada uno de los componentes, alineados para conseguir los hitos definidos en el acuerdo firmado con la Comisión es coherente” con este reto transformador. Por tanto, no es solamente el impulso dinamizador de los fondos en la economía, que puede superar los tres puntos de PIB por año, contando todos los recursos, sino, y sobre todo, el apoyo a los proyectos transformadores en sectores productivos destacados, además de las reformas, tanto sectoriales, que impulsen la transformación, como de índole estructural, que ayuden a corregir los desequilibrios económicos más importantes, las que han de tener un mayor impacto, explica.
Para el socio de KPMG, “el inicio, como en todos los nuevos periodos de programación, necesita del tiempo necesario para la consolidación de los procedimientos”; sobre todo, porque “nuestra Administración Pública se enfrenta a un reto muy relevante para la ejecución en plazo del PRTR”. Los primeros hitos, junto con la aprobación del plan en verano, “se han producido de acuerdo con lo previsto inicialmente”. Aunque es ahora cuando empieza el mayor desafío, no solo para cumplir las metas en las reformas e inversiones incluidas en los componentes del plan, sino para que la ejecución del mismo sea efectiva en el proceso de transformación real de la economía”. A su juicio, las prioridades “se han plasmado en el Plan de Recuperación, concretándose en los proyectos de inversión y reformas incluidos en los componentes”. España se ha comprometido al cumplimiento de los hitos y objetivos en cada componente que debe reflejar la efectividad de la ejecución del Plan”. En este caso, los fondos no tienen como objetivo únicamente su ejecución en términos presupuestarios. Sino que lo esencial -recuerda- es que los proyectos y las reformas permitan el cumplimiento de los hitos y objetivos.
A fecha de hoy “no tenemos dato oficial de la cuota de ejecución de los gastos presupuestados que han llegado efectivamente a los beneficiarios de las subvenciones o a los adjudicatarios de los contratos públicos”. Las cifras de ejecución corresponden fundamentalmente al compromiso por parte del Estado de los fondos que han de gestionar las autonomías y que se han asignado y distribuido mediante Conferencia Sectorial, así como los que han de ejecutar las entidades del sector público estatal”. Igualmente -matiza- se han autorizado gastos ligados a las convocatorias de subvenciones, que aún no responden a proyectos ya ejecutados. En este sentido, “sería muy conveniente una mayor certidumbre jurídica en la gestión de los fondos, así como una mayor capacidad de las distintas administraciones en la gestión de los recursos presupuestarios”.
Pérez considera que, a pesar de que ha trascurrido casi el primer ejercicio de ejecución, “no hemos de olvidar que la puesta en marcha del plan ha necesitado de una gran parte del año”. Estado y autonomías “están trabajando intensamente para poner en marcha la ejecución del plan, y ya se han lanzado las primeras convocatorias de subvenciones”. Aspectos que “podrían contribuir a mejorar la ejecución del plan pueden ser dotar de esa mayor certidumbre jurídica al proceso de ejecución, la consecución de consensos sociales, políticos, territoriales y de índole económica en la gestión de las ayudas o el diseño de las reformas, una mayor interacción entre los distintos niveles de la Administración Pública. Así como digitalizar y automatizar todo el proceso de gestión, en el que se debe vislumbrar con nitidez una mejorar en la calidad de la información, de la seguridad y de la transparencia, e incentivar la contratación por parte de la administración pública de equipos especializados en la ejecución de proyectos”. Entre otros puntos de potencial perfeccionamiento, aclara el socio de KPMG España.
David García Núñez, presidente de la Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción y Arquitectura (MCWW), entidad que representa a más de 140 entidades público-privadas de primer nivel, entre cuyas actividades destaca el desarrollo de proyectos de movilidad urbana, precisa que en su asociación han realizado un estudio de impacto a partir de las tablas input-output elaboradas por el INE en 2016 y revisadas en 2019. En el que se aprecia un impacto directo de los fondos de la UE, teniendo en cuenta la distribución prevista de los 27.000 millones de euros -de 15.700 millones en términos de Valor Añadido Bruto (VAB)-, de más de 300.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
Sectorialmente -dice su presidente- “las ramas más beneficiadas directamente por la llegada de estos recursos serían la consultoría relacionada con la informática, así como la adquisición de equipos informáticos, al igual que en Sanidad, Educación, energía y construcción. Además de un impacto indirecto que ascendería a 15.300 millones de euros de producción -7.525 en términos de VAB-, con 147.700 puestos de trabajo. En especial, en los sectores de la energía y en otros servicios, como la construcción y el comercio al por mayor. A los que habría que sumar otro impacto, inducido, producido por el aumento del gasto derivado de los sueldos percibidos por los empleos creados, y que haría crecer la producción en casi 31.000 millones de euros -15.000 si nos referimos al VAB-, mientras el empleo lo haría en 732.600 puestos de trabajo.
Los sectores como el turismo, el comercio mayorista y el minorista serían los más beneficiados por este impacto, si bien los resultados podrían cambiar considerablemente si se mantienen las restricciones actuales a la movilidad y a las reuniones. El cuadro de impacto global -dice David García-, “muestra cómo los sectores profesionales más cualificados y, por tanto, con mejores remuneraciones son los que más se beneficiarán directa e indirectamente de estos recursos, mientras que el efecto inducido se concentra en sectores típicos del consumo de las familias como son alojamientos, bares restaurantes o comercio minorista que exigen personal con baja cualificación”. De ahí la diferencia entre el empleo generado por el impacto directo respecto al inducido; en el primer caso, se generan 11 empleos por cada millón de euros; en tanto que, en el segundo, ascenderían a 23 por millón de euros. O, dicho de otra manera: en total, esos 27.000 millones podrían convertirse en 73.220 millones de euros de producción, 38.300 en términos de VAB, para lo que serían necesarios hasta 1,191 millones de puestos de trabajo.
Estas cifras harían, de haberse cumplido los objetivos de ejecución en 2021, que la economía del país creciera hasta un 3,25% más. De forma más sencilla, podríamos decir que por cada millón de euros que hemos dejado de invertir en 2021, hay 11 personas que no han tenido oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo; y ascenderían a 45 si sumamos, además, los impactos indirectos e inducidos. “Nos encontramos ante un desafío sin precedentes, la transformación del país, por lo que, desde MWCC “consideramos que el reto es tan ilusionante como enorme”. Debemos insistir -explica García- en la relevancia de trabajar todos juntos para maximizar el uso de estos fondos. “Vamos a estar bajo la supervisión europea y España debe mostrar la capacidad que tiene como país para gestionar y materializar esos 27.000 millones de euros de forma eficaz y tenemos como antecedente el Plan E -surgido tras la crisis de 2008- que debería servirnos de experiencia para conocer cómo gestionar los fondos y qué destino deben tener las inversiones”.
En NWCC insisten en que la buena gestión de los fondos debe velar por inversiones productivas, sostenibles y punteras, que una vez concluidas aporten valor para el crecimiento y desarrollo de España, así como costes adecuados a la inversión realizada. “Nos encontramos en un momento sin precedentes”, asegura García Núñez antes de concluir que los proyectos presentados por MWCC, han sido, esencialmente, proyectos sociales y urbanos como la reconversión urbana de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, el proyecto Alcalá 2030, que dota con distintas soluciones urbanísticas al espacio urbano colindante al casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares. Además de proyecto cero residuos. “Todos sostenibles, resilientes, sociales e innovadores”.
Vea la entrevista con Andrés Pereda, Director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España y las palabras de José Alberto González - Ruiz, secretario general de CEOE sobre los fondos Next Generation EU