Otra cosa son las pymes. Entre ellas hay de todo, pero en absoluto disponen de los mismos medios. Tienen difícil acceso al mercado de deuda, por su complejidad, soportan tipos de interés más altos que las grandes, es lógico, también tienen más riesgo. Sus departamentos financieros, cuando los tienen, están menos especializados. Es decir, en muchos, muchos casos, no se han parado a planificar su tesorería a largo plazo y este parón de la economía les ha vuelto a coger.
El Gobierno ya está poniendo encima de la mesa facilidades, una amplia dotación en forma de avales para generar crédito fácil y en buenas condiciones. El Banco Central Europeo, ha anticipado a los bancos 110.000 millones de euros a una tasa del -0,5%, a la espera de que mantengan el flujo de crédito, sustancial adelanto que se rematará con la próxima TLTRO III que se ha anunciado para junio, a un interés del -0,75%, condicionado al mantenimiento del crédito a las empresas. Se trata de que las medianas y pequeñas empresas puedan encontrar a un precio cómodo el salvavidas de su tesorería, en una situación de parón en seco y de golpe.
Las pymes, en demasiadas ocasiones, tienen una tesorería con una visión bastante a corto plazo, como he indicado, sin una previsión, ya no a un coronavirus, sino a una fuerte desaceleración o a un parón en su actividad por cualquier motivo. Además, no escarmentaron de la anterior crisis y siguen siendo financiadores de sus clientes, en muchos casos no pueden evitarlo si quieren vender. Pero su trabajo no es financiero, es vender productos o servicios y de un negocio que no es el suyo, financiar, saben poco.
Tres cuartas partes de los concursos de la pasada crisis sobrevinieron porque un cliente dejó de pagarles, luego otro y como necesitaban vender para subsanarlo intentaban vender con mejores condiciones de pago, les arrastraron. Cuanto más pequeñas son las empresas más se agudiza este escenario, peores previsiones de tesorería hacen y el efecto dominó se multiplica. Ahora se trata de evitarlo a toda costa, de ayudar a estas empresas en su liquidez, no podemos permitirnos que empresas con un buen negocio, rentables, entren en esta rueda.
Las empresas pagan a 81 días y el Estado a 63, todos fuera de la ley que exige que el Estado pague a 30 días y las empresas como máximo a 60 días. No se cumple y esto supone una debilidad adicional para las pymes, sobre todo porque los peores pagadores son los más grandes, las empresas del Ibex y el Estado. Hay que hacer algo al respecto, el Gobierno, desde hace años que se le reclama, no está por la labor de presentar una normativa sancionadora rigurosa.
Juan Abellán, profesor del Máster en Finanzas y Banca Digital del IEB, concluye diciendo: