Este lunes pudimos leer en el diario Expansión una entrevista a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo que hay que “subir los impuestos a los fondos de inversión”, porque, según ella, no tributan: “¿por qué los fondos de inversión y de pensiones tienen que tributar al 0%?”, en una afirmación falsa o manipuladora, ya que ambos vehículos de inversión colectiva tributan mediante el régimen de incremento de patrimonio. 

Con este modelo, sólo se pagan impuestos en el momento de la retirada de la inversión, hecho que, tarde o temprano, llega. En el caso de las pensiones, con la jubilación, aunque también se contemplan supuestos de enfermedad, paro de larga duración o una ventana de liquidez el año que viene para participaciones de más de 10 años, que se teme masiva, ante el ataque que sufren estos instrumentos privados. 

El motivo de este régimen, distinto al de las rentas del capital, que son imputables, año a año, en la declaración de la renta, es el fomento del ahorro a largo plazo. Con un fondo de inversión o de pensiones, el titular puede ir aportando dinero cada poco tiempo y constituir una bolsa de ahorro de medio-largo plazo, sin necesidad de estar excesivamente pendiente de la inversión, entre otras cosas, porque muchos de los más de 20 millones de partícipes de ambos productos, no tienen conocimientos financieros. Pueden ir haciendo una ‘bolsa’ de dinero y cuando la retiren, entonces pasan por Hacienda. Por supuesto, son instrumentos absolutamente registrados y supervisados. 

Los fondos de inversión suponen el 16% del ahorro financiero de las familias españolas, ahorro que, en total, está cerca del 200% sobre PIB. Suena muy bien, pero lo cierto es que el PIB español continúa ofreciendo señales de raquitismo. La realidad es que los fondos de inversión y de pensiones eran un estupendo instrumento de capital para la economía doméstica, pero la Bolsa tiene unas cifras medias de contratación de los años 90. Apenas hay colocaciones y el Ibex es el único índice entre los principales del mundo que no se ha acercado, ni por asomo, a sus máximos históricos. 

La economía nacional tiene una gran necesidad de capital, para generar inversión productiva, que está bajo mínimos. El ejercicio 2015, la Bolsa cerró con 962.000 millones de euros negociados en total. En 2023, la cifra fue de 301.000 millones. Menos de un tercio de 8 años atrás. Un desastre absoluto. 

Conviene resaltar las diferencias entre capital y deuda. El dinero ahorrado de los particulares en fondos de inversión y de pensiones, que entra directamente en una empresa, es capital. El vehículo de capital riesgo que entra con fuerza e incluso lanza una opa sobre una compañía gasista, va apalancado, es decir, actúa con deuda. Una vez dentro de la empresa, pretenderá que la propia firma le pague esa deuda, ya sea con dividendos que exigirá sean altos, al tener un porcentaje de los derechos políticos de la empresa, o directamente, vendiendo activos, si logra influir en la gestión. 

Parece claro qué necesitan las empresas en este país. 

El ahorro particular es bueno. Confiere dignidad a la persona, por la seguridad patrimonial que le otorga y la capacidad de decisión sobre su vida. Financia a la economía. Genera empleo directo (por cierto, después de herir de muerte a Sicavs y pensiones, castigar a los fondos supone, sin duda, externalizar parte del sector de la gestión de activos a Luxemburgo u otros hubs financieros) e indirecto. Penalizarlo, como se hizo con los planes de pensiones, prohibiendo sus aportaciones hasta un máximo de 1.500 euros anuales, es una medida sin el menor sentido. El argumento político fue que se penalizó a las pensiones privadas porque se habilitó la figura de un plan de empleo público alternativo, hecho que no debería ser excluyente, sino complementario. 

Actuar de esta manera va contra la economía y los ciudadanos.