De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy habrá impuesto a la banca en dos tandas un saneamiento de sus activos inmobiliarios que superaría los 75.000 millones de euros, dado que a los 54.000 millones iniciales se sumaría una cifra aun no determinada, pero que se situará entre 20.000 y 40.000 millones.
A falta de conocer los detalles finales de la nueva reforma, algunos banqueros han puesto ya el grito en el cielo por lo que consideran un "despropósito" debido a las consecuencias que puede tener en el sistema financiero español.
La explicación está en que la nuevas provisiones recaerán sobre la cartera de préstamos de la banca al sector constructor y promotor que hasta ahora se considera "no problemática", unos 140.000 millones.
La exposición total de la banca española al "ladrillo" ronda los 320.000 millones y el Gobierno decidió a principios de febrero que era necesario elevar especialmente las provisiones sobre los activos tóxicos, unos 180.000 millones.
Esa partida problemática incluye préstamos morosos o con riesgo de serlo y activos adjudicados, y obligaba a las entidades a reforzar en 2012 sus provisiones en más de 40.000 millones, siempre que no se acometieran fusiones, lo que daba una prórroga de un año.
En cuanto a los activos no problemáticos, los 140.000 millones, en ese momento Economía pidió a las entidades que reforzaran también sus provisiones hasta un 7 % para cubrir esta cartera, lo que les obligaba a atesorar unos 10.000 millones.