Y eso que tenemos la fiscalidad en máximos históricos y, peor aún, a todo el Ejecutivo buscando cómo meternos la mano en el bolsillo, con nuevos y más altos impuestos. A todos: particulares y empresas. Asalariados y autónomos. Pobres y menos pobres (a los ricos no y da igual: son muy pocos).

Día de la deuda el 7 de diciembre, a pesar, también, de que desde las altas instancias se practica una política intolerable de control férreo de todas nuestras decisiones. Bajo la excusa de la “lucha contra el fraude”, el Ejecutivo se arroga el derecho a saber todo de nuestras vidas. A pensar y decidir por nosotros. Los números no salen, pese a estar sometidos a la fiscalización absoluta. 

No puedes acristalar una terraza sin que opine el estado, no puedes usar apenas el efectivo, tienes que subir tus facturas a la plataforma pública en tiempo real, es preciso explicar con qué clientes ha sido la comida que pretendes desgravar, tienes que justificar el uso que le das al coche de renting; tampoco le gustan los bizum, apenas están permitida la inversión en planes de pensiones privados, deciden qué debemos hacer con nuestra vivienda de alquiler o vacacional, quieren conocer nuestros movimientos bancarios todos los meses y ahora también quieren saber más cositas cuando vayamos de viaje y nos registremos en algún hotel.

También, tienes que estar expuesto a que a Hacienda le dé por revisar tu declaración de rentas de hace tres años y, como tienes poco que hacer en tu día a día, hay que justificarle de nuevo lo que hiciste entonces y defenderte de sus acusaciones. Hay radares de tramo que te multan si te excedes apenas un poco en la velocidad máxima a lo largo de muchos kilómetros, y les parece fatal que heredes el patrimonio de tus padres, que quieren para ellos.

Ya no hablamos de la intromisión en el modo de educar a nuestros hijos, no sólo con el más que cuestionable plan de estudios, ni de las acciones para reducir y condicionar la autoridad parental con los hijos. Deciden, también, qué cosas del pasado se pueden recordar y cuáles no.

En fin, no hay rincón de nuestra vida que sea ajeno al estado, algo que a la gente parece no importarle, sorprendentemente, en mi opinión. ¿Algún ciudadano reclama su parcela privada de acceso al control público? Nadie. Impuestos en máximos, pero nadie parece aspirar a que, por lo menos, le dejen en paz, una vez expoliado. Vivan las cadenas.

El estado succiona nuestro patrimonio, nos impide generarlo y monitoriza nuestras vidas. Es inevitable, de esta manera, que la deuda y el déficit crónico crezcan. El gasto público desmedido es una especie de vía de agua creciente que se intenta achicar con cubos. Los cubos somos nosotros, aclaro.

“El Estado español despilfarra dinero a manos llenas. Y la prueba es que recauda más que nunca y, sin embargo, los servicios públicos funcionan peor que nunca”, indica Manuel Llamas, director general de la fundación Juan de Mariana, institución que acaba de publicar un extenso informe titulado Día de la Deuda 2024.

El documento es el que ha aportado el dato del titular: justo hoy, 7 de diciembre, es el día del año en que finaliza la suficiencia financiera del Estado y pasa a depender de la deuda pública, que hace tiempo supera el 100%. ¿Alguien recuerda el criterio de Convergencia de la Eurozona, del 60%? Me imagino a los miembros del Parlamento Europeo y la Comisión, riéndose a carcajadas si alguien se lo recuerda. 

Dicho informe subraya que España lleva 16 años consecutivos de déficit público y las proyecciones apuntan a que no habrá superávit hasta al menos 2032. En términos comparativos, España es el segundo país de la Unión Europea con peor desempeño presupuestario en las últimas dos décadas, solo superado por Grecia. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, los ingresos han crecido significativamente, pero el gasto excesivo sigue siendo el verdadero problema.

Cada día, la deuda pública crece en 195,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, 8,2 millones cada hora. Esto supone que, desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, cada hogar ha asumido una carga adicional de 23.723 euros. 

En términos familiares, esta cifra alcanza los 81.500 euros, una carga que compromete el crecimiento económico, reduce la capacidad de inversión pública y dificulta la rebaja de impuestos. Nada que no sepamos. 

El déficit de la Seguridad Social es otra variable especialmente alarmante. Aunque oficialmente se calcula en 0,6% del PIB (8.210 millones), la realidad, una vez descontadas transferencias y otros maquillajes, apunta a un déficit real del 3,8% del PIB, cerca de 56.000 millones. Siempre, conforme el estudio en cuestión. La deuda implícita del sistema de pensiones, además, alcanza un sobrecogedor 507% del PIB, la mayor de la UE, dejando claro que el sistema actual es insostenible sin reformas estructurales.

El Día de la Deuda nos muestra una administración que vive a crédito. Lo preocupante es que no estamos solos: muchos países europeos también dependen de la deuda, pero con una carga promedio del 65% del PIB, mucho menor que la de España. El problema de fondo no es la falta de ingresos, sino el gasto descontrolado y, a menudo, improductivo.

“El exceso de gasto y deuda pública siempre tiene consecuencias negativas. Tardará más o menos, pero, al final, esos excesos se acaban pagando de una u otra forma. Y los pagamos nosotros, la población, no los políticos”, asegura Llamas.

La solución pasa por estabilidad presupuestaria y la contención del gasto. Si se mantuvieran los niveles de gasto de 2023, el Día de la Deuda podría retrasarse hasta el 27 de diciembre, acercándonos al equilibrio fiscal, asegura el informe.

Es hora de cambiar el rumbo. Si no, el 12º mes del año seguirá siendo el mes de "la Visa"; un mes de vivir totalmente a crédito, hipotecando el futuro de los ciudadanos y dejando a las próximas generaciones con una factura impagable.

Pero no sólo hay que fijar la mirada en nuestro Gobierno. Esta 'economía del papelito' se instauró desde los bancos centrales. ¿Son ellos los auténticos culpables de esta situación, en la que las economías están zombis, el crecimiento brilla por su ausencia y lo público crece a costa de la impresión de dinero y la emisión de deuda? “Sí. La explosión de deuda pública a nivel global comenzó especialmente tras el estallido de la crisis financiera internacional en 2008, lo cual terminó provocando la trágica crisis de deuda europea que casi se lleva por delante al euro. Y algo similar sucedió tras la crisis del coronavirus, donde el exceso de gasto y deuda se acabó traduciendo en la elevada inflación sufrida en los últimos años”, asegura el responsable del informe.

Poco más que añadir, mucho por hacer, para lograr que nuestro estado deje de tirar de Visa de manera infinita, como no podemos permitirnos los ciudadanos.