El organismo cree que la expansión de la economía seguirá apoyándose en la economía nacional para la que, no obstante, prevé una desaceleración en los próximos años. A su vez, la demanda exterior neta continuaría siendo una contribución positiva aunque ligeramente decreciente.
En cuanto al empleo, prevé una moderación de los elevados ritmos de crecimiento observados en los últimos años en consonancia con la desaceleración proyectada de la actividad. “El aumento sostenido de la ocupación permitirá descensos adicionales de la tasa de paro, hasta situarse, a finales de 2020, alrededor del 11%”.
En el ámbito de la inflación, prosigue el organismo, se prevé una ralentización del IPC como consecuencia de la desaparición de los efectos comparación ligados al aumento de los precios energéticos observados un año antes. A partir de la primavera de 2018, la dinámica de los precios de consumo vendría determinada principalmente por el componente subyacente, para el que se proyecta un repunte gradual den un contexto de prolongación de la fase alcista del ciclo. Tras aumentar un 2% en 2017, el IPC crecería un 1,5% en 2018 y un 1,4% en 2019 antes de acelerarse hasta el 1,7% en 2020. Frente a las proyecciones de septiembre, la inflación general se revisa al alza en 2017 y 2018, como resultado de los mayores niveles esperados del precio del crudo y a la baja en 2019 , por una evolución algo menos dinámica del componente subyacente.
En cuanto a los riesgos, el BdE apunta a focos de incertidumbre vinculados a las elevadas valoraciones alcanzadas por algunos activos financieros, la capacidad de las autoridades chinas para reconducir los desequilibrios de esa economía y las consecuencias del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. “En la esfera interna, persiste la incertidumbre sobre Cataluña. La incidencia final de este elemento de riesgo para el conjunto de la economía española dependerá de la magnitud y persistencia de las tensiones”, concluye.