Esta semana comentábamos varios colegas, en uno de tantos grupos de wasap de periodistas, que un medio buscaba un profesional con 10 años de experiencia y ofrecía una remuneración atractiva: 30.000 euros brutos anuales, más variables. Nos reíamos y enfadábamos a la vez. Un sentimiento dual, porque los más veteranos vivimos cuando, en 2002-2006, si algún periódico quería fichar a un periodista con 10 años de trayectoria, es decir, con capacidad de generación de noticias propias (exclusivas), tenía que ofrecerle 80-100.000 euros anuales.
No era inflación, ni tampoco excesos irracionales, era lo que debía ser: teníamos un país que acababa de entrar en el euro por la puerta grande. Generaba dos de cada tres empleos de la UE. Tenía superávit presupuestario y deuda sobre PIB del 40%. Telefónica y Santander eran los dos valores más contratados de todo el viejo continente. Se crecía con fuerza. Mucha clase media subía en el ascensor social con destino a la planta de la burguesía, entre otras cosas porque el valor añadido se pagaba muy por encima de la media ¿Eso era malo? No, muy bueno.
Eran tiempos en los que se decía que la política estaba muy mal pagada y por eso había corrupción. Los cargos más o menos decentes rondaban los 60-100.000 euros anuales. Unos cuantos miles de euros netos al mes y, claro, “con eso, es fácil que un político se corrompa”, se argumentaba. Hoy, nuestros dirigentes siguen en ese rango, sin corrección de inflación pero aun así, están en la cima de la remuneración. Es un dineral lo que ganan nuestros rufianes, ábalos, matutes o cucas.
La deflación salarial ha dejado a la casta política en lo más alto de la masa retributiva, mientras tantísima gente ha tomado el ascensor de bajada.
La prensa; decíamos, es un claro ejemplo. Sólo hay que ver las noticias recientes de Prisa, Unedisa, Prensa Ibérica, Vocento… los grandes grupos sufren caídas de ingresos y anuncian despidos, o recortes. Realmente, casi es digno de alabanza ese empleo que ofrece ahora 30.000 euros. Al menos, plantea algo.
Si esto fuera un primer aviso… pero los grandes medios grandes llevan lustros de ajustes dramáticos, despidiendo a primeros espadas por tener unas nóminas altas, como las citadas al principio (o superiores), cuando no, afrontando serios riesgos de quiebra, solventados con ampliaciones de capital y actuaciones políticas más que discutibles. Del valor residual que tienen en Bolsa, casi mejor ni hablar.
Esto es extrapolable al sector financiero, por ejemplo. Recuerdo que no hace mucho, le decía al director de mi sucursal bancaria que tenía el peor trabajo del mundo y me contestaba “menos mal que alguien me comprende”. Le perdí la pista el día, no lejano, que fui a la oficina y me encontré un papel pegado en la puerta, informándome que se había cerrado y que fuera a la del barrio vecino. Él ya no estaba.
El corte de pelo en los bancos y en general de las grandes corporaciones ha sido imparable en los años recientes. Los sueldos altos pesan como una losa en todas partes. Menos en lo público, claro. Pagan otros.
La estructura salarial española es patética, penosa, lamentable… pongan los adjetivos que quieran.
El 86% de los españoles gana menos de 40.000 euros brutos al año. La nómina que más empleados tienen es la más baja posible: el 4,2% de los asalariados gana 14.886,44 euros anuales. Es el sueldo más habitual. Efectos del Salario Mínimo Interprofesional, tal como destaca el propio Instituto Nacional de Estadística: cada vez hay más gente cobrando eso. Qué bien. Democracia de la pobreza.
Continuemos: menos de un 3% ganan más de esos 60.000 euros, que el Ejecutivo sitúa en el umbral de la riqueza y que a principio de siglo era poco menos que un sueldo medio (fácilmente corruptible). Porque lo era.
Eso sí, en esta España de pobres, a partir de 20.000 euros brutos anuales se paga un 30% de IRPF. Por encima de esos 60.000 (algo más que dos salarios mínimos al mes), un 45%. Un porcentaje que, sorprendentemente, no asusta a nadie. Se da por amortizado, es habitual hablar de fiscalidades cercanas al 50%, que no es que sean confiscatorias, son esclavizantes.
¿Saben cuál es el tipo máximo en EEUU? ¿El que pagan Jeff Bezos, Warren Buffet o Elon Musk? Un 37%. El principal millonario del mundo tiene el tramo de renta que se aplica en España al empleado con ingresos anuales 35-60.000 euros. Lo que gana un policía municipal o un profesor titular de universidad. Al revés, en EE UU, el que gane 15-20.000 euros, abonaría un 12%. ¡Un 12%!
Cuando se dice que EE UU va a destrozar a Europa si no despierta, se refieren a esto. A un continente atenazado por fiscalidades cercanas al 50% sobre PIB, junto a inflación alta, fruto de las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo (BCE) a las que son adictos nuestros políticos, frente a otro que viene a colocar el impuesto de sociedades en el 15% y bajar, de nuevo, los tramos de renta a los ciudadanos.
Las políticas europeas, con mención a la española, nos llevan cuesta abajo y sin frenos al salario mínimo, lo digo una vez más y las que hagan falta. A todo el mundo, incluidos los funcionarios. También, quienes resisten en grandes corporaciones, seguros de estar a bordo de acorazados. El día menos pensado les llega un ERE y se dan de bruces con la frialdad gélida del mercado. ¿Cuántos ejecutivos premium he conocido en los últimos tiempos, sacudidos de sus empleos, que me dicen lastimeramente que las ofertas de trabajo de hoy son inferiores a las que recibían "en 2002"? Muchos, créanme.
Esta semana, hemos asistido a la presentación de una reforma fiscal de corte totalmente ideológico. Que no falte el susto semanal. En este caso, se buscaba herir de muerte la sanidad privada o, directamente, acabar con las socimis, en sendas medidas que no sólo no traerán nada bueno, como no lo ha traído la penalización a los planes de pensiones privados, sino que amenazan con causar un enorme daño a la economía. De nuevo, no ha salido adelante, como es habitual ya en este Gobierno Frankenstein. Menos mal, pero ojo, a ver por dónde cuelan la medida. De momento, ya han metido el fin de la Golden Visa por un resquicio: en el proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público. Guay.
Aplicar un 8% a los seguros médicos privados que cubren a 12 millones de españoles supondrán 750 millones de euros extra. Dicen. Salvo que haya una fuerte baja de primas y ello genere problemas en la industria sanitaria, aseguradora y, de paso, recargue aun más la sanidad pública. ¿Alguien puede tener una idea buena, para variar?
A las socimis se les quieres aplicar el impuesto de sociedades, del 25%, como si fueran una empresa normal, no un vehículo de inversión. Los mismos razonamientos, en esencia, que se aplicaron a las pensiones privadas, a las sicavs y que se quieren aplicar a los fondos de inversión ("no pagan impuestos", lo cual es una mentira gorda, pero recurrente), que han dado con la práctica desaparición de los dos primeros. Grandes operadores como Colonial y Merlin Properties ya han dejado caer que se irán de España si llega eso. ¿Puede permitirse España otro caso como Ferrovial? ¿No hay nadie dispuesto a impedirlo?
Porque la fiscalidad atenazante y la inflación impiden el crecimiento y expulsan la inversión. Erosionan los márgenes de las compañías, que esa es la clave, mucho más que los beneficios. Una empresa con altos márgenes operativos es la que se permite consolidar gastos, mejorar los salarios para retener el talento e incluso implementar beneficios sociales. Y al revés, claro: muchos impuestos, bajos salarios. Son vasos comunicantes; de nuevo repito. Si se le quita un 50% a la economía por la fiscalidad, el mordisco va a los salarios.
Evidentemente, nuestras empresas tienen un gran problema de márgenes. A nuestros políticos se les llena la boca con que tal o cual compañía gana mucho (como si eso fuera algo malo), poniendo de manifiesto sus miles de millones declarados como beneficios, sin mirar el margen sobre ingresos, si son extraordinarios, la deuda comprometida…
La híperfiscalización de la economía lleva a modelos de margen pírrico, en los que son inevitables los movimientos de concentración para que el tamaño enorme sea lo que garantiza la viabilidad de una empresa. Impone un patrón en el que la gestión de los costes es el principal empeño de los directivos y donde se huye tanto del mantenimiento de muchas personas en plantilla, como de la inflación salarial.
Costes, costes, costes, porque no se crece.
Por desgracia, sufrimos políticos tipo Ionne Belarra, con gran altavoz mediático, que pide sanciones “ejemplares” para las empresas (aunque lo que desea, realmente, es su nacionalización). Atacan a los empleadores quienes no han creado una empresa, ni un puesto de trabajo en su vida (por supuesto), pero, además, es que ni siquiera han trabajado en el sector privado jamás. Sólo son politicastros especializados en meter la mano en el bolsillo de los demás, en nombre del bien común. Los grandes desmanes se cometen siempre en su nombre.
La utilidad de nuestros políticos ha quedado clara en los trágicos acontecimientos de Valencia, donde la gran solución de Yolanda Díaz ha sido mandar a los inspectores de Trabajo a vigilar a las empresas, provocando el malestar incluso de los miembros de la inspección.
Esa ministra de Trabajo que quiere imponer una jornada laboral de cuatro días semanales, inoculando el perverso (e inevitable) pensamiento de que hay que remunerar fuertemente la permanencia en el trabajo, cuando, como indicábamos al principio (el periodista que consigue noticias), lo que se debe pagar bien, hoy y siempre, es el valor añadido. El que tiene ideas, el que vende, el que aporta, el talentoso, el visionario, el que tiene gran formación… ese es el que tiene que ganar dinero, no el que echa horas, aunque lo haga dignamente y también sean necesarios esos puestos administrativos.
La realidad de todo esto es que tenemos la fiscalidad en máximos históricos, pero la renta per cápita en cotas de hace más de cinco años. Desde hace 6 años, los impuestos han subido un 40%. ¿Nos extraña que la economía esté exangüe?
Mientras los salarios están bajo mínimos y cayendo, los planes de pensiones hundidos, la Bolsa seca; Ferrovial se ha ido y ya preparan las maletas Colonial y Merlin, todas las semanas caen nuevas subidas de impuestos y apretones de todo tipo a los Autónomos.
El problema de esto es que no se contemplan opciones reformistas en España. No hay alternativas. Liquidado Ciudadanos (que habría que ver hasta qué punto tenía profundidad de programa, aunque el honor de ser un movimiento civil que dio la cara ante el dislate independentista permanecerá), el PP hace tiempo que es un partido socialista. Con corbata y (presunta) titulación universitaria, pero de políticas escoradas a la izquierda, que aplauden la jornada de cuatro días sin el menor recato, a pesar de que la patronal rabie y alucine en colores con ellos.
No tiene en mente retirar impuestos inventados a bancos y eléctricas, no quiere impulsar el ahorro privado y los mercados de capitales, no ha dicho ni por asomo que el estado debe salir de Telefónica, no contempla bajar IRPF, sociedades o IVA. Sí enarbola un discurso de “compromiso social”. Antitético del de 1996, que fue el que hizo funcionar el ascensor social.
Al día siguiente de ganar las elecciones Donald Trump, Esteban González Pons, un perfecto ejemplo de este Partido Popular socialdemócrata y carente de programa, escribía con auténtica náusea sobre la posibilidad de bajar impuestos.
Vox es otra jaula de grillos. Los innegables talentos que emergían han sido sepultados de una manera descorazonadora. Desde luego, tampoco brillan por una agenda reformista pro market, de crecimiento y estímulo al ahorro.
¿Quién va a venir con una hoja de ruta para revertir esta situación? Alguien con conocimientos técnicos, experiencia y arrojo, conocedor de las políticas monetarias y su influencia.
Que sea capaz de afrontar lo que le espera: nada más irrumpir, aparecerán en prensa enemiga sus declaraciones de impuestos, sus problemas del pasado, sus controversias, sus separaciones matrimoniales, sus multas de tráfico… Una campaña en contra cruenta, con el enorme coste personal que implica.
La verdad es que, viendo los calvarios personales de Albert Rivera, Macarena Olona, Inés Arrimadas, Iván Espinosa o el bueno de Màxim Huerta, al que vapulearon sin piedad exhibiendo miserablemente sus datos fiscales, el que dé el paso al frente es un héroe o un loco.
Pero si seguimos a expensas de las locuras naive de Yolanda Díaz o las reacciones furibundas de Belarra, nos vamos al salario mínimo de cabeza, mientras las empresas se largan o echan el cierre.