Tras esta medida, las ofertas públicas de valores (OPVs) ya no tendrán vinculación directa con la Comisión Reguladora del Mercado de Valores (CRMV) de Pekín, sino con las direcciones de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, que tendrán la última palabra sobre si las acepta o no, así como sobre los rangos de precio de salida de las acciones, en relación a informaciones publicadas por la agencia EFE.

De esta manera las compañías que quieran cotizar en bolsa tendrán que rellenar una solicitud en uno de los dos parqués, proporcionar información sobre sus resultados y operaciones y esperar a que la dirección del mercado revise esos documentos y les dé el visto bueno.

Se espera que esta medida, que empezará a aplicarse el 1 de marzo del próximo año, acelere el proceso de aprobación administrativa de las OPV.
La nueva normativa da competencias a los mercados de valores en detrimento del regulador, la CRMV, un organismo que se ha situado en el punto de mira del Gobierno central por su papel en la crisis que sufrieron las bolsas chinas el pasado verano.

Las autoridades anticorrupción del país han abierto un expediente a Yao Gang, el vicepresidente de la CRMV encargado de la supervisión de las salidas a bolsa de nuevas empresas.
Como Yao, otros altos directivos de esa institución han sido destituidos o están siendo investigados ante las sospechas de corrupción por su actuación durante los días en los que las bolsas chinas se hundían, como también en los meses previos a la crisis, cuando los parqués subieron con fuerza creando una burbuja.