No obstante, aseguran fuentes de la CEOE, “existen riesgos al alza sobre el nivel de precios debido a todos los factores que siguen estando presentes, como los cuellos de botella, los problemas de suministro, la persistencia de la guerra de Rusia con Ucrania, que está haciendo que los precios de la energía sigan subiendo, y también el de los alimentos”. A su juicio, “una de esas recetas más eficaces que en el corto plazo podría contribuir a reducir la inflación sería una bajada de impuestos como el IVA o el IRPF”; si bien, “a más largo plazo, hay que tomar medidas estructurales que hiciesen a Europa más independiente desde el punto de vista energético”.
En la patronal recuerdan que el principal objetivo de un banco central es el control de los precios porque los efectos sobre la actividad, el empleo y el ahorro de una situación de inflación elevada durante un largo periodo de tiempo resultan muy negativos para la renta de las familias y para las empresas, pudiendo llevar a un proceso de recesión económica, del que es muy difícil salir. De ahí que “lo mejor a corto plazo sea controlar la inflación, aunque tenga algún daño colateral de índole negativa sobre el crecimiento en un periodo de tiempo determinado, para luego retomar una senda de recuperación”.
Un banco central -pues, explican en la CEOE- “debe velar por el control de la inflación y por la estabilidad monetaria, pero hay que tener en cuenta que otras autoridades, como los gobiernos, también pueden tomar medidas de política económica para paliar el descenso de la actividad”; entre las que cita las bajadas fiscales, la promoción de las inversiones o el impulso de agendas de reformas estructurales”. Por lo tanto, “no solo es el banco central el que puede implementar medidas para reconducir la situación de desaceleración económica”, precisan.
En lo referente a la consolidación fiscal, las autoridades económicas deben fomentar un entorno macroeconómico estable y sostenible, que no resulta posible sin sostenibilidad presupuestaria. La consolidación de las cuentas públicas debe venir por la parte de la eficiencia del gasto público, no de la subida de impuestos, aclaran. De hecho, en este contexto, lo deseable sería poder bajar los tributos; especialmente, los que recaen sobre la empresa para facilitar tanto la liquidez como la solvencia empresarial como palancas de reactivación económica.
España -enfatizan- “ha registrado una fuerte subida de la presión fiscal recaudatoria desde 2019 y, de hecho, en 2021 se ha marcado el máximo de recaudación histórico, récord que se superará en 2022”. Por tanto, el foco debe venir por el lado de mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto, ya que tiene efectos positivos sobre el crecimiento potencial, la calidad de vida y el bienestar social, en tanto que proporciona unos servicios públicos de mejor calidad y libera recursos para sus usos más productivos en el sector privado.