El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha afirmado que la Comisión no está en condiciones de formular observaciones sobre la entrada de la empresa saudí STC en el accionariado de Telefónica. Dombrovskis ha destacado que la "decisión final" sobre esta inversión corresponde al Gobierno de España, donde tiene lugar la operación.
Ante la pregunta del eurodiputado Manuel Pineda sobre si la Comisión considera la compra como una amenaza a la seguridad y si intervendría para evitarla, Dombrovskis ha dejado claro que la UE está abierta a la inversión extranjera directa (IED) y permite que los proveedores de servicios extranjeros se establezcan en su mercado de telecomunicaciones. Sin embargo, ha señalado que ciertas inversiones pueden constituir un riesgo para la seguridad o el orden público.
Dombrovskis ha recordado la existencia del Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas, que establece un mecanismo de cooperación para detectar, evaluar y mitigar posibles riesgos para la seguridad o el orden público en relación con la inversión. Este reglamento también permite el control en el sector de las telecomunicaciones.
El comisario ha explicado que esto implica que el Estado miembro donde se realice la inversión puede imponer condiciones o incluso prohibir la inversión si considera que puede afectar a la seguridad o el orden público en el país o en otros Estados miembros. Por lo tanto, la decisión final corresponde al Estado miembro en el que tiene lugar la inversión, en este caso, España.
Además, Dombrovskis ha mencionado el artículo 40 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que establece la obligación de los operadores de adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de sus redes y servicios.