El decreto supremo promulgado el sábado por el presidente boliviano Evo Morales ordenaba la nacionalización de las distribuidoras de electricidad Electropaz de la Paz y Elfeo de Oruro y de las empresas de servicios Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios (Edeser), todas ellas propiedad de Iberdrola
, alegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales.

El decreto prevé un plazo de 180 días para que un organismo independiente determine el valor de las empresas nacionalizadas y el Estado abone la cantidad correspondiente. 

Durante una entrevista a la radiotelevisión estatal recogidas por la agencia de noticias ABI., Sosa se refirió a la compensación que deberá abonar Bolivia por la nacionalización el pasado 1 de enero de Transportadora de Electricidad, entonces filial de Red Eléctrica Española. El ministro ha señalado que en este caso continúa el proceso de valoración de los activos y pasivos de esa firma.

La eléctrica española pedirá una indemnización de 75 millones. Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%. El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.