La Justicia belga ha dado luz verde al embargo de 32 millones de euros a España, como consecuencia de los impagos relacionados con el sector de las energías renovables. Este embargo será ejecutado por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments.
Los tribunales belgas han decidido seguir el ejemplo de sus homólogos británicos y permitir el embargo de los ingresos que España recibe por la gestión de control de su tráfico aéreo. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, serán redirigidos a una de las empresas afectadas por el impago de 26 laudos que obligan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las compañías perjudicadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
Los tribunales británicos ya habían reconocido previamente las deudas existentes y habían autorizado embargos cautelares de diversos activos, como la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat de Cataluña en el Reino Unido, entre otros.
Fundamento legal del embargo
La Justicia belga fundamenta su decisión en los artículos 1.412 y 1.539 del Código Penal belga, los cuales permiten el embargo de activos de países extranjeros. El juez Degreef, a cargo del caso, ha afirmado que el demandante tiene un "derecho de cobro que hace a España susceptible del embargo reclamado", y ha señalado que España ha sido ordenada a realizar los pagos correspondientes derivados de procesos plenamente ejecutables.
A pesar de esta resolución, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han indicado que España no ha sido notificada oficialmente de este intento de embargo en Bélgica por parte del fondo estadounidense. El Reino de España planea oponerse a la decisión judicial belga, argumentando que contraviene la normativa europea en materia de Ayudas de Estado y la inembargabilidad de los derechos de crédito de Enaire frente a Eurocontrol.
Deuda acumulada y consecuencias
La deuda acumulada por España con la empresa demandante asciende a 32 millones de euros, habiéndose sumado cuatro millones adicionales en concepto de intereses de demora. Además, se han desembolsado más de 4,6 millones de euros en costas por este caso. En total, la factura generada por esta disputa alcanzaría los 41 millones de euros.
Las 26 empresas de energías renovables afectadas por los impagos han revelado que la suma total de compensaciones, intereses y costos legales se sitúa en torno a los 1.800 millones de euros.
Además de los embargos aprobados en Reino Unido y Bélgica, España enfrenta la amenaza de un posible incumplimiento técnico de deuda que podría afectar a cuatro títulos de deuda pública.
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