BBVA acaba de registrar un nuevo documento en la SEC en el que deja claro que la OPA Hostil lanzada sobre Banco Sabadell no se va a cerrar si, finalmente, no alcanza el umbral del 50,01%. Una condición a la que podía renunciar, pero que a la vista de lo remitido al regulador del mercado americano no se hará, como señala hoy Cinco Días. 

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Destaca textualmente que “BBVA no tiene intención de renunciar a la condición anterior. En consecuencia, si al menos un número de acciones de Banco Sabadell representativas del 50,01% de su capital social no aceptan la oferta de canje, esta no se completará”. 

El banco que preside Carlos Torres Vila, en esta nueva comunicación a la comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos le destaca que ese es uno de los temas que quedan pendientes y, el más espinoso, la opinión de las autoridades de competencia, con la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por pronunciarse, tras el posicionamiento claro del Gobierno a la decisión. 

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Y este último factor si se incluye como posibilidad real en el documento a la SEC. De hecho, el folleto que remite a la SEC BBVA señala que, si no se obtuviera, es decir con el triunfo de la oferta pero sin fusión por el no del Ministerio de Economía, el proceso seguiría adelante.

Considera BBVA que la oferta de canje presenta oportunidades 'atractivas y de eficiencia para ambos bancos' y destaca que generaría " la mayor parte de las sinergias de costes esperadas, con un plazo para su plena implementación de entre uno y dos años desde la liquidación”.

Este nuevo documento data del día 15 de octubre frente al anterior del 20 de septiembre, y, eso sí, repite la mayoría de las premisas que incluía el precedente. 

Pero este no es el único factor ahora a tener en cuenta en una OPA que, como se esperaba, se dilatará en el tiempo. De hecho, el Confidencial destaca que, ahora mismo, el valor conjunto de BBVA y Sabadell tras el anuncio de la oferta ha minorado en bolsa, desde el pasado 29 de abril, en 9.000 millones de euros. Y supone un recorte del 10% para la entidad vasca.