Desde la multinacional española se asegura que la puesta en marcha de estos mecanismos es un hecho necesario y esencial para que la economía española pueda despegar y recuperarse, en el menor tiempo posible, de los grandes daños ocasionados a consecuencia de la pandemia, con el fin de que no afecte al tejido productivo del país, una de las prioridades que marcan los expertos. Estos mecanismos -revelan fuentes de la compañía- “deben servir para apoyar y solventar los déficits estructurales más importantes que nos aquejan”, como la falta de productividad laboral; la formación y la capacitación; la digitalización, lo que conlleva, por ejemplo, la modernización de la administración pública y que permita consolidar el ahorro que esa digitalización va a proporcionar; el incremento de la productividad y la eficiencia de las empresas que estimula el crecimiento; la capacidad de producir mejor a nivel internacional; el poner fin al déficit de infraestructuras que tenemos en el país y continuar creciendo en la ejecución de nuevas y modernas infraestructuras, hecho que tiene un gran impacto en el desarrollo económico del país, así como lo es también seguir evolucionando en el sector turístico, un entorno muy cambiante y otra de las principales actividades económicas de España.
Para el grupo empresarial español de servicios especializados en medioambiente, infraestructuras y aguas, presente en más de 25 países, “la transformación ecológica y la revolución digital son los elementos protagonistas de las inversiones financiadas por la vía de los fondos europeos”. La innovación, la sostenibilidad, la eficiencia, el uso responsable de los recursos naturales, así como la mitigación de su impacto medioambiental “son, para FCC, prioridades estratégicas en cada una de sus áreas de actividad”. La multinacional integra en su propio modelo de negocio el compromiso por la protección del medio ambiente y la gestión responsable, “fijando la reducción del impacto ambiental como un objetivo en el desempeño de las actividades de nuestro grupo, formado por tres fuertes áreas de negocio que tratan de resolver retos de manera individual para obtener un resultado global en su conjunto, me refiero a los Servicios Medioambientales, para la gestión de residuos y el impacto medioambiental; a la Gestión Integral del Agua, para soluciones al desafío que supone el futuro de este recurso; y al negocio de las Infraestructuras, enfocado al diseño y ejecución de proyectos adaptados a las necesidades y al momento que estamos viviendo”.
“La transformación digital está suponiendo una de las mayores revoluciones de los últimos años”. Y, en este sentido, FCC avanza en el mundo digital, “incorporando día a día herramientas que faciliten nuevas formas de trabajo, acorde a sus necesidades, aplicando soluciones inteligentes para mejorar su colaboración, creatividad y productividad”, explican fuentes de la firma, desde las que se destaca que la digitalización “marca las pautas de crecimiento de los sectores en los que la compañía está presente, mucho más dinámicos y vinculados al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, como respuesta a las exigencias de consumidores mucho más empoderados”. El reto -alertan las mismas fuentes- se centra en saber aprovechar las ventajas que supone la tecnología en favor de la sociedad porque permite la innovación y ésta nos llevará a estar presentes en las ciudades del futuro.
En FCC se destaca, además, que el PERTE “debe recoger que la fórmula de colaboración pública privada sea estable en el tiempo y definir muy bien los ámbitos de riesgos y responsabilidad de los diferentes agentes públicos y privados, así como unos modelos de fijación de retorno de la inversión que sean justos y razonables y permitan que haya unas expectativas de recuperación y crecimiento de la inversión privada y de la economía en general”. Y admiten que barajan la opción de acceder a fondos europeos: “Sí, lo tenemos contemplado”. Porque -explican- para garantizar la sostenibilidad de los servicios y las infraestructuras se deben de abordar una serie de retos en el sector de nuestras actividades. Como aspecto fundamental se encuentra el de garantizar el acceso de la población a los servicios básicos, así como la movilidad y la conexión interurbana. Gestionar los residuos generados en las ciudades, protegiendo el valor de los ecosistemas urbanos, exige un profundo conocimiento del sector para poder enfrentarse al aumento poblacional, por lo tanto en este sector destinaríamos los fondos al reciclaje de combustible derivado de los residuos, destinados a la valorización energética en plantas de incineración; al desarrollo de pilas de hidrógeno para nuestros vehículos; a la generación y recuperación del biogás en un vertedero; y a la recogida y reciclaje de plásticos y a la investigación científica aplicada al tratamiento, reciclado y reutilización de los mismos, entro otros.
Igualmente -dice la compañía- “se requiere una gran experiencia y capacidad para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, desarrollando técnicas de desalación, depuración y potabilización”. En este aspecto, “pondríamos el foco en todo el ámbito de infraestructuras y en la eficiencia energética, como, por ejemplo, en la investigación y obtención de biocombustible renovable para coches de gas natural comprimido a partir de las aguas residuales que llegan a las depuradoras procedentes de los hogares”. Y, por supuesto, en nuestro grupo tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento para gestionar y construir infraestructuras de una manera sostenible, “adaptándolas a las nuevas necesidades”. Aunque desde FCC se resalta que resulta igualmente importante integrar la economía circular en la gestión de los materiales y los recursos, y desarrollar modelos de negocio que respondan a las necesidades futuras. Además, es necesario “estimular la inversión y fortalecer el crecimiento en infraestructuras y provisión de servicios, aprovechando adecuadamente la eficiencia e innovación del sector privado, combinando el capital público y privado”, añaden las mismas fuentes. De esta forma, la necesidad de invertir en nuevas infraestructuras como palanca de reactivación de la economía se convierte en un objetivo nuclear para FCC.
Miguel Cardoso, de BBVA Research, recuerda que “el factor de mayor trascendencia para la recuperación, ahora mismo, es el contener la pandemia y alcanzar lo más pronto posible la inmunidad de grupo”. Sin este objetivo, “las restricciones a la apertura y el distanciamiento social seguirán siendo necesarios para evitar situaciones de tensión en el sistema sanitario”. Los fondos -señala Cardoso- “tendrán un mayor impacto si vienen acompañados de una inoculación de la vacuna rápida, efectiva y masiva”. En todo caso, “por los mismos tiempos establecidos por los Gobiernos europeos, esperamos que la mayor parte del impacto en el gasto público y privado se comience a ver apenas durante la segunda mitad del año”. En particular, asumimos que sólo entre 10.000 y 15.000 millones de euros, de los 27.000 presupuestados, se podrán ejecutar a lo largo de 2021. El año siguiente, “con más certidumbre y con mayor experiencia, es posible que este grado de ejecución aumente hasta niveles alrededor de los 20.000 millones”.
Los fondos suponen una oportunidad histórica para que la economía española pueda implementar reformas ambiciosas. Primero, aprovechando la oportunidad para impulsar la digitalización de las administraciones públicas y la utilización de las grandes bases de datos en favor de los ciudadanos. Un ejemplo claro -destaca Cardoso- lo representan “las políticas activas de empleo, que podrían beneficiarse particularmente de una modernización de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) que hicieran un trabajo más eficiente en la formación de los parados y en encontrar emparejamientos más eficientes y rápidos entre empresas y desempleados”. Segundo, los fondos son una clara oportunidad para transformar la economía española y diversificar su estructura productiva. En particular, impulsando una mayor digitalización e internacionalización de sus empresas. Para ello, será importante impulsar infraestructuras adecuadas, pero también la formación de empresarios y trabajadores. Finalmente, los fondos deben de crear las condiciones necesarias para evitar que aquellos trabajadores, sectores o empresas que sean perjudicados por las necesarias reformas que se tienen que acometer, puedan transformarse rápidamente e incurran en bajos costes de transición.
Para el analista de BBVA, estos recursos, sin embargo, “quizás lleguen demasiado tarde para poder implementar procedimientos de evaluación ex-ante de los proyectos”. Sin embargo, “no lo es para especificar mecanismos de evaluación continua, donde los involucrados rindan cuentas de cómo se está gastando el dinero y cuál está siendo la rentabilidad económica y social del proyecto en cuestión”. Esta evaluación, en cualquier caso, insiste Cardoso, “debería de ser hecha por expertos independientes”.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, destacó hace unas fechas en la Junta General de Accionistas de la compañía, la necesidad de combinar del mejor modo posible las políticas públicas y la iniciativa privada para recuperar cuanto antes la senda de la prosperidad. Ante el reto global que suponen el cambio climático y las consecuencias de la crisis del covid-19, Brufau defendió la industria y la apuesta por todas las tecnologías como palancas esenciales y señaló la obligación de actuar con decisión, implicando a múltiples actores y soluciones. El máximo responsable de Repsol enfatizó la “decisiva encrucijada” que afrontan las sociedades europeas y la española con la receta de recuperación a través de los fondos europeos y los avances en sostenibilidad y digitalización, y que incluyen “apuestas en muchos ámbitos”; entre ellos, la calidad de la Administración, la política y los servicios públicos”. Brufau ratificó el compromiso de Repsol de contribuir decididamente a superar estos desafíos, para lo que destacó dos palancas esenciales: la industria y la apuesta por la neutralidad tecnológica.
La industria “genera empleo estable y de calidad con la característica adicional de que también crea riqueza en el territorio en el que se implanta. Si España tuviera un mayor porcentaje de su PIB en actividades industriales, habríamos resistido mejor la crisis”, afirmó. Para el presidente de la multinacional energética española, “de esta crisis tenemos que salir con más industria, y no con menos, con más empleo de calidad, y no con más precariedad capturando todas las oportunidades de los Fondos Europeos Next Generation, que están basadas en proyectos viables y de ejecución asegurada”. Sobre este último aspecto, Brufau anunció que, en el marco de las convocatorias de manifestaciones de interés llevadas a cabo por el Gobierno, Repsol cuenta con un portafolio de 30 proyectos, con una inversión total asociada de 5.959 millones de euros, en el que “se combinan tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo de calidad y generador de equilibrio territorial”. Se trata de 8 proyectos de hidrógeno renovable, 9 de economía circular, 4 de generación renovable y almacenamiento, 8 de energía distribuida y movilidad eléctrica, y uno que aborda la infraestructura de transformación digital.
Para Brufau, la industria juega también un papel clave para lograr un futuro con menos emisiones, para lo que “es crítico y esencial que Europa y España creen un marco regulatorio equilibrado para hacer posible la descarbonización con el concurso de todos”. Pero, para ello, hay que creer y que apostar por la industria europea como generadora de riqueza para todos”. Por lo que reclamó que desde las instituciones se permita “acudir a las soluciones más eficientes desde un principio de neutralidad tecnológica”, teniendo en cuenta aquellas “más adecuadas y eficientes en términos de coste para reducir las emisiones”. También se refirió a la captación y gestión de los recursos europeos el consejero delegado de la firma, Josu Jon Imaz, quien, al repasar los hitos de 2020, “un año muy relevante, en el que hemos gestionado con éxito nuestro Plan de Resiliencia en respuesta al duro contexto y también hemos presentado el Plan Estratégico que marca la ruta de nuestra actividad para los próximos años y reafirma nuestro compromiso con la transición energética” -precisó- señaló la prioridad de Repsol por mantener en funcionamiento sus instalaciones y proporcionar un servicio esencial para la sociedad” durante la crisis sanitaria. “Garantizando -añadió- suministros indispensables, como la energía o las materias primas necesarias para la fabricación de un elevado número de productos sanitarios”.
Clàudia Canals y Oriol Carreras, del servicio de estudios de la entidad bancaria, resaltan el efecto balsámico de los recursos europeos sobre “la inversión en intangibles”, que adquieren un mayor relieve. “El desarrollo y la implementación de las tecnologías digitales y, en especial de la IA, requiere de una importante inversión en activos intangibles”. Ejemplos de este tipo de activos son el software, las bases de datos, la innovación (a través de la I+D) o el capital organizativo. En contraposición -explican- al capital más tradicional (el tangible), compuesto, en su gran mayoría de máquinas y edificios, los intangibles carecen de un componente físico. La IA, más allá de precisar de una buena infraestructura de telecomunicaciones (capital físico o tangible), necesita de muchos otros activos de carácter intangible para que afloren plenamente los rendimientos de esta tecnología”. El software y el empleo de Big Data se dan por descontados, dado que son insumos principales para su uso, pero también requiere cambios en el modelo organizativo de las empresas y de inversiones sustanciales en capital humano.
Uno de los pilares sobre los que se vertebra el plan económico europeo -dicen los economistas de CaixaBank- es el de la transformación digital. La inversión en digitalización contemplada en los seis planes de actuación anunciados por el Gobierno para el periodo 2021-2023 asciende a 16.250 millones de euros, de los cuales, 15.400 serán financiados por el NGEU. De este montante, sería preciso excluir 4.700 millones destinados al Plan de Conectividad, al Plan 5G y a otras inversiones en equipamiento TIC, dado que la inversión en infraestructura, aunque crucial para la digitalización de la economía, no computa como inversión en intangibles. De este modo, en términos anuales, el Next Generation EU representa una inversión directa en activos intangibles de casi 3.600 millones anuales durante los próximos tres años, lo que equivale a un 0,29% del PIB por año. Asimismo, se prevé que el impulso inversor público atraiga inversión privada en intangibles. De manera más concreta, el Gobierno pronostica que en el trienio en el que se efectúan estas inversiones de la mano del NGEU se atraigan 26.000 millones de euros en inversión privada en intangibles. “Este efecto arrastre añadiría al impacto mencionado anteriormente entre un 0,2% y un 0,7% del PIB más en inversión en intangibles, según si se supone que se logra atraer la totalidad de la inversión privada prevista por el Gobierno o si se aplica un cálculo más conservador de que se atrae tan solo una cuarta parte de la cantidad prevista”. De modo que la suma del impacto directo más el efecto arrastre supondría incrementar el peso de la inversión en intangibles sobre el PIB entre un medio y un punto porcentual. Esta es una cifra notable que, según nuestras estimaciones de ejecución de los fondos presupuestados, permitirá alcanzar en 2022 niveles de inversión en intangibles que, en ausencia del NGEU, no se hubieran alcanzado al menos hasta el año 2026.
Desde la firma biotecnológica, se hace hincapié en que “nos encontramos ante una oportunidad sin precedentes para poder transformar nuestra economía en un nuevo modelo industrial más sostenible y basado en el conocimiento”, en la que el sector de la biotecnología se debe sentir “protagonista”. El Gobierno puede apostar o no por él, explican fuentes de la empresa. “Si apuesta, habrá puesto las bases para reconvertir España y ponerla a la vanguardia innovadora y del dinamismo mundial; si no lo hace, condenará a nuestro país a un modelo dependiente, y más cercano a productos y tejido industrial tradicional cercano a modelos de subsistencia”. Pero, para que esa inyección de dinero sin precedentes funcione, necesitamos acompañarla de instrumentos, regulación y reformas en la administración pública. Porque los actuales mecanismos públicos de financiación con los que contamos en España son insuficientes e inadecuados para el desarrollo industrial basado en la I+D. El sistema se basa en préstamos reembolsables, y en la exigencia de avales por parte de la administración, lo que ha hecho ineficientes el destino de los fondos y la ejecución efectiva de innumerables proyectos que podían haber aportado ventajas competitivas a España, explican. En la actualidad las empresas biotecnológicas de los países de nuestro entorno “se financian con subvenciones, lo que les permite asumir riesgos y crecimiento, mientras que en España se las condena a la involución, salvo aquellas que han sido capaces de obtener financiación extranjera acudiendo al mercado privado”.
“El sector de la I+D, y en particular el farmacéutico, necesita un instrumental adecuado que venga acompañado de una regulación que fomente un ecosistema innovador” y con la Gran Pandemia se ha evidenciado que la I+D es crucial para nuestro país. “Hoy somos un país deficitario con una balanza comercial negativa que pagará miles de millones a los países que invirtieron en su día en I+D; nosotros podíamos haber invertido y en vez de pagar esta enorme factura, ahora tendríamos enormes ingresos”, recalcan las fuentes de la compañía, que se pregunta si “continuarán estas políticas descapitalizando a nuestro país, o por primera vez, dará el gobierno un giro estratégico destinando los fondos PERTE a subvencionar los ensayos clínicos de nuevos fármacos innovadores, líderes de la sostenibilidad y generadores de verdadero valor añadido para nuestro país”.
Sobre la gestión de los fondos, en Oryzon Genomics creen que los escollos de eficacia entroncan con “uno de los problemas de nuestro sistema de I+D” en alusión a “la colaboración entre los agentes del sistema”. Una anomalía que, “para el impulso y la absorción de estos fondos va a ser de vital importancia”. Más que nunca, recalcan. “Necesitamos un cambio cultural profundo en las organizaciones, con subvenciones al sector privado para que tanto investigadores, instituciones y empresas trabajen juntas”. Los retos que tenemos por delante van a pasar necesariamente por la cooperación, como lo revela el hecho de que la crisis del Covid-19, pequeñas firmas del área de la biotecnología, lideradas por científicos, grandes farmacéuticas y centros universitarios han venido operando de forma conjunta. La efectividad de la colaboración público-privada pasa por financiar con subvenciones directas al sector privado de los estadios pre-clinicos y los ensayos clínicos, que reviertan posteriormente al sector público, por cuanto se destinan a la contratación de hospitales. Otras de las políticas que deben aplicarse de inmediato son la eliminación de la exigencia de avales sobre prestamos públicos, la transformación de préstamos en subvenciones, y las barreras de la actual regulación, como la aplicación del principio de solidaridad que estipula la Ley General de Subvenciones, puesto que actúa como un elemento desincentivador de la I+D en colaboración, ya que obliga a las empresas a hacer frente a incumplimientos de terceros.
“Nuestro país necesita más empresas como Oryzon, y aumentar el tamaño de estas, para que sean tractoras. Este perfil de compañías son las que posibilitarán en un futuro que España pueda recibir ingresos y dinero procedente del extranjero como contrapartida a las licencias de nuevos fármacos innovadores, y no el pago y el gasto de las contrataciones de derechos de licencia de terceros países extranjeros”, reconocen en la firma biotecnológica. “Si el gobierno instrumenta fondos que lleguen a nuestro sector, en el caso concreto de Oryzon, los destinaremos al desarrollo clínico de nuestros principales productos iadademstat (conocido como ORY-1001), un inhibidor selectivo de LSD1 para oncología, y vafidemstat (ORY-2001), otro inhibidor de LSD1, optimizado para el SNC -es decir, para uso en enfermedades del SNC y trastornos psiquiátricos-, y al desarrollo de fármacos en fases más tempranas.
UNICAJA BANCO
En la entidad financiera, que se ha convertido en el quinto banco español tras la reciente fusión con Liberbank, se incide en que “la puesta en marcha de estos fondos pone una vez más de manifiesto la importancia de la colaboración pública-privada para poder atender las demandas sociales y apoyar al tejido empresarial, así como el papel clave que pueden tener en la recuperación de nuestra economía para afrontar las reformas estructurales que sean necesarias, contribuyendo así a elevar el potencial de crecimiento y a favorecer un modelo productivo más diversificado, donde los componentes tecnológicos, de innovación y conocimiento adquieran un peso cada vez más significativo”. En relación con la distribución prevista de los fondos europeos destinados a la recuperación de las empresas como consecuencia del Covid-19, Unicaja Banco “muestra su total disposición a participar en este proceso, dentro del papel que se le asignara a la banca y como parte de la atención que la entidad financiera presta habitualmente a las empresas y autónomos”.