La Cámara Baja ha aprobado, con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones, una enmienda que modifica los contratos de alquiler en los aeropuertos gestionados por Aena y que fue presentada por Coalición Canaria durante la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en el Senado.
Se trata del segundo gran revés parlamentario para el Gobierno, después de que hace un año el PSOE y Unidas Podemos se quedaran solos en defensa del decreto de los remanentes municipales y que fue derogado.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios han criticado la falta de voluntad de Aena para negociar con sus inquilinos, de los que un 70% son pymes, y han coincidido en que la solución al conflicto debía haber venido por el acuerdo.
El operador aeroportuario español Aena podría dejar de ingresar hasta hasta 1.500 millones de euros entre 2020 y 2025 tras la nueva ley aprobada por el Congreso. Los controvertidos alquileres mínimos anuales garantizados adeudados a Aena se reducirán en proporción directa al flujo de pasajeros en cada aeropuerto, según el texto de la ley, y se mantendrán así hasta que los viajes vuelvan a las cifras de 2019.
Dufry, que opera tiendas libres de impuestos y de comestibles y bebidas en aeropuertos, puertos marítimos y estaciones de tren, apunta que espera un impacto financiero positivo de la nueva regulación en los aeropuertos españoles. Dufry opera tiendas libres de impuestos y con pago de impuestos en 26 aeropuertos españoles.
El cambio legal está configurado para proteger a todos los negocios minoristas y de alimentos, bebidas y cuyos contratos de alquiler con Aena estaban activos el 14 de marzo de 2020, el día en que España decretó el estado de alarma y el confinamiento de los ciudadanos por la pandemia del Covid-19.
Aena, que sitúa la recuperación del nivel de tráfico de pasajeros precovid en 2026, ha asegurado que está "analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".
Las rentas mínimas anuales garantizadas adeudadas al operador aeroportuario Aena se reducirán en proporción directa al flujo de pasajeros en cada aeropuerto y se mantendrán como tales hasta que los viajes vuelvan a las cifras de 2019.
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